Intendentes quieren bajar el decreto que les recorta la coparticipación

Los más duros insisten con que los recursos que envía la Nación se distribuyan en base a porcentajes

La Municipalidad de Esperanza tomó ayer la punta de los reclamos contra el congelamiento de los fondos de la coparticipación federal y presentó un recurso administrativo de revocatoria del polémico decreto 3.113, firmado a fines de 2002 por Carlos Reutemann, que coloca un techo al giro de dinero a municipios y comunas. Según cálculos de los distritos, la provincia mediante esta norma se apropiará este año de 92 millones de pesos.

Los anuncios que realizó el lunes el gobernador Jorge Obeid sobre descentralización del impuesto a la patente y la posible suba de ese tributo alcanzaron para poner una cuña en el frente de los intendentes y presidentes de comuna que reclaman aumentos de fondos, pero no para calmar la belicosidad de los más duros.

El secretario de Hacienda local, Carlos Fernández, dijo ayer que la provincia "tiene la obligación legal" de cumplir con el reparto de la coparticipación federal en los términos originales de la ley y admitió que el municipio, junto a otros distritos, evalúan seguir los pasos de Esperanza.

Sin embargo, abogó para que todo "se resuelva racionalmente". En respuesta a las declaraciones del titular de Hacienda provincial, Walter Agosto, respecto de que recién ahora surge el reclamo de los intendentes, el funcionario municipal se quejó porque el titular de esa cartera "nunca" los recibió para escuchar sus demandas.

Más allá de las propuestas sobre patentes, Fernández dejó en claro que "Rosario no cederá un ápice de los recursos que le corresponden", y calificó de "engañosa" la interpretación de Agosto sobre la coparticipación extra girada en el primer trimestre a los municipios.

El funcionario señaló que la ciudad podría este año encarar numerosos proyectos de infraestructura pendientes y aumentar los sueldos a los empleados públicos si la provincia enviara "el dinero que corresponde a Rosario por ley", que estimó en 50 millones de pesos más a los que recibe actualmente.

Coincidente, el intendente de la capital provincial, Martín Balbarrey, anticipó que si bien comparte el objetivo y es partidario de que se remitan a los gobiernos locales los recursos que les corresponden, antes buscará "agotar el camino del diálogo con las autoridades provinciales".


La avanzada
El intendente de Esperanza, Rafael Di Pace, anunció ayer que presentó un recurso administrativo contra el decreto provincial 3.113 que limita el reparto a municipios, de fondos de la coparticipación federal. De mantenerse esta norma, estos recursos este año volverán a crecer significativamente, pero esa evolución sólo se vería reflejada en las arcas provinciales.

El recurso debe ser considerado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Municipios y Comunas y, en segunda instancia, por la Fiscalía de Estado. De agotarse la vía administrativa, a Esperanza le quedará la vía libre para avanzar sobre la judicialización del reclamo. "Al municipio le hubiera correspondido un 1.700.000 pesos, pero recibió 1,2 millón, es decir que se le retuvieron 500 mil pesos en un año", precisó Di Pace, quien sostuvo al fundamentar el pedido de revocatoria que este "decreto avanza sobre lo que es la ley de coparticipación, pero con un decreto no se puede modificar una ley".

La presentación de Esperanza forma parte del embate que llevan adelante los senadores de la oposición, y algunos oficialistas, en la Legislatura. Los radicales Carlos Fascendini y Felipe Michlig y las socialistas Marta Nardoni y Patricia Sandoz presentaron un proyecto solicitando la derogación del decreto que le pone un techo de aproximadamente 114 millones de pesos a la transferencia a municipios y comunas, de los recursos que gira la Nación.

En base a los datos aportados por Fascendini y Sandoz, en el último trimestre de 2003, la provincia, por aplicación de este decreto, distribuyó a municipios y comunas 30.883.000 pesos. Pero de no haberse aplicado a los municipios y comunas les hubiera correspondido 41.121.000 pesos. Es decir, les restó 14.238.000 pesos en el trimestre. Para el caso del segundo bimestre del corriente año sucedió algo similar.

En otro orden, el gobierno provincial se desentendió ayer de la iniciativa de subir el 25% el impuesto a la patente, al señalar por boca del ministro, Julio Barberis, que el tema se agendó a pedido de los intendentes y está en manos de la Legislatura.

Obeid y Lifschitz se vieron las caras el lunes.