Advierten una situación crítica en la salud privada

Médicos amenazan con cobrar plus si no suben sus honorarios

Exigen a las obras sociales y prepagas una recomposición en los importes de las distintas prestaciones

Si el Estado nacional no autoriza a las obras sociales y prepagas que aumenten el valor de cada prestación de salud, los médicos comenzarán a cobrar plus a los pacientes. Esa fue una de las amenazas que lanzó ayer el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Rodrigo Sánchez Almeyra. "De algún bolsillo tiene que salir la plata para que los sanatorios no entren en una debacle económica y para que los médicos cobren un sueldo digno", disparó. La Asociación Médica de Rosario se sumó a este reclamo, y su presidente, Néstor Arroyo, denunció que "a muchos profesionales no les alcanza la plata ni siquiera para mantener su consultorio particular".

Para las dos entidades locales, la situación es de una "crisis tremenda". En cuanto a la realidad de las clínicas y los sanatorios de la ciudad, Sánchez Almeyra detalló ayer que "la devaluación provocó una tremenda distorsión de precios. Nosotros somos un sector netamente importador que compra la mayoría de los insumos a casi tres pesos y vende sus servicios igual que en el uno a uno, lo que provoca una terrible descapitalización de las empresas".

Sánchez Almeyra instó al gobierno nacional a que determine una "política de precios para el sector porque de esta forma es imposible seguir trabajando. De otra manera vamos a tener que empezar a fijar los precios en forma unilateral", amenazó.


Honorarios congelados
De esta forma no sólo se refirió a la situación por la que atraviesan los sanatorios, sino también a la realidad de los médicos. En este sentido, el presidente de la Asociación Médica de Rosario, Néstor Arroyo, consideró que "los honorarios de los médicos y profesionales de otras disciplinas como psicólogos, bioquímicos, kinesiólogos y técnicos de la provincia de Santa Fe se mantienen congelados desde el 91, por eso es necesaria una urgente recomposición salarial".

Si bien Arroyo consideró que la salud es responsabilidad del Estado, también apuntó contra las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga. "No menos del 92 por ciento del presupuesto de las obras sociales debe destinarse a prestaciones de salud, y muchas sólo aportan el 65 por ciento", precisó.

Esto hace que desde las dos asociaciones rosarinas se pregunten "a dónde van a parar esos recursos y qué otra cosa se financia con esa significativa masa de dinero".

Según números que maneja la Asociación Médica, los aportes a las obras sociales aumentaron un 30 por ciento gracias al incremento salarial de 250 pesos decretado por el gobierno nacional para los trabajadores de las empresas privadas. "Ese aumento nunca fue trasladado al honorario del médico", denunció Arroyo.


Las prepagas
Lo mismo reclamaron a las prepagas, que de hecho ya fijaron un aumento de entre el 8 y 20 por ciento a sus afiliados y no lo trasladaron a los prestadores de la salud.

Por cada orden de consulta, el profesional percibe entre 9 y 15 pesos, pero Arroyo detalló que "algunas obras sociales pagan un monto fijo por determinada cantidad de consultas y como los médicos se ven obligados a atender más pacientes de lo que contempla la llamada cartera fija, esos 9 pesos se devalúan".

Tanto Arroyo como Sánchez Almeyra viajarán pasado mañana a Buenos Aires para plantear estos temas ante el titular de la Superintendencia del Seguro de Salud (SSS), Rubén Torres. "Es insostenible para sanatorios y médicos continuar con estos aranceles por demás de indignos", remarcó Arroyo.

Los prestadores privados aclararon que están evitando por todos los medios llegar a un colapso del sector, pero "si la situación sigue así, no se sabe qué puede pasar". Para ambas entidades, esto atentaría también contra la salud pública "que ya recibe una gran demanda de pacientes, muchos de los cuales debieron recurrir a la atención del Estado porque no pudieron hacer frente a las prepagas", señalaron.

Señalan que el reclamo pretende evitar una "debacle" económica en los sanatorios.