Kirchner ni piensa en pedir la renuncia de Aragonés porque "no corresponde"

El gobierno sigue con la idea de una intervención a Santiago

El jefe de Gabinete dijo que "todavía no están dadas las condiciones" para sacar a los Juárez del poder provincial

El gobierno nacional volvió a negar ayer una inminente intervención federal a Santiago del Estero y rechazó la posibilidad de que el presidente Néstor Kirchner reclame la renuncia de la gobernadora, Mercedes Nina Aragonés de Juárez.

En tanto, en Santiago, distintos sectores opositores impulsaron un pedido de juicio político y reclamaron la renuncia de Nina, quien está siendo investigada por el cobro de una jubilación incompatible y el saqueo e intento de asesinato al diputado nacional José Figueroa.

Según el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, "todavía no están dadas las condiciones" para una intervención a la provincia gobernada por la mujer de Carlos Juárez y enfatizó que Kirchner "no le pide renuncias a ningún gobernador".

"La intervención es un remedio extremo de ultimísima instancia, y todavía no están dadas las condiciones para pensar en ese remedio", sostuvo Fernández. Por su parte, Nina -quien no se presentó a declarar por ninguna de las dos causas- aseguró el viernes que sólo abandonaría su cargo si Kirchner se lo pidiera.

Sin embargo, el jefe de Gabinete calificó estas declaraciones como "un infantilismo" y destacó que "no se puede supeditar la decisión a nadie. Son gente grande y, en todo caso, debe llevar la renuncia a la Legislatura de su provincia".

En este marco, el bloque de diputados radicales impulsó en la Legislatura provincial la apertura de un juicio político para lograr la destitución de la primera mandataria por "mal desempeño de funciones, faltas graves y delitos comunes".

Los diputados Cristian Oliva y Angel Nicolai, voceros del bloque de la UCR, indicaron que "constituye causal de destitución el saqueo e incendio" a la casa de Figueroa, al igual que "las amenazas" contra el gerente del Ansés local, Juan Manuel Baracat.

Entre las faltas graves, la UCR denunció "violaciones a los derechos humanos e innumerables irregularidades detectadas en la adjudicación de viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo". En cuanto a las pruebas testimoniales, solicitaron los testimonios de los secretarios nacionales Eduardo Luis Duhalde (Derechos Humanos) y Pablo Lanusse (Justicia), entre otros.

Por su parte, el Movimiento Cívico y Social (Mociso), exigió ayer las renuncias de Nina Aragonés y la de su esposo Carlos Juárez, asesor de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

"No puede permanecer un día más en la Gobernación por las graves acusaciones en su contra, entre las que figuran el cobro de una jubilación incompatible y denuncias por amenazas y saqueo a la casa de Figueroa", señalaron el diputado Juan Beltramino y el presidente del Mociso, Raúl Gallego.

A Nina se le hace difícil seguir gobernando.