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 viernes, 14 de noviembre de 2003

El gobierno de Aznar recurrió el proyecto vasco de Estado libre asociado
Lo hizo ante el Tribunal Constitucional, que dispone de un mes para decidir si acepta el pedido de Madrid

Madrid. - La administración de José María Aznar presentó una demanda judicial para evitar que el gobierno nacionalista vasco adopte un plan que transformaría la región autonómica en un Estado libremente asociado con España. Con el objetivo de paralizar este polémico plan, aprobado el pasado 25 de octubre por el Ejecutivo vasco, el gobierno español interpuso ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra del proyecto. El ministro de Justicia, José María Michavila, señaló en Madrid que la impugnación de la medida por parte de los servicios jurídicos del Estado es "la respuesta de la democracia frente a un plan totalitario". El gobierno vasco reaccionó afirmando tener la certeza de que la demanda será rechazada.

Los abogados demandantes pidieron al Tribunal Constitucional que conceda al recurso tratamiento de urgencia, lo que significa que el tribunal dispondrá de un mes para decidir si considera la petición. Si el Tribunal Constitucional la acepta, el plan autonómico será suspendido y el tribunal dispondrá entonces de cinco meses para emitir un fallo definitivo sobre su constitucionalidad.

"Tengo la seguridad de que el Tribunal Constitucional no va a poder admitir a trámite un barbaridad de estas características, y no lo digo yo, lo dice la inmensa mayoría de los catedráticos de Derecho Constitucional", sostuvo el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga. "Por eso no me planteo otro escenario: este proyecto (el plan soberanista) va a debatirse en el Parlamento vasco, porque ese recurso va a ser rechazado", añadió.

El ministro Michavila indicó, por su parte, que el Ejecutivo de Aznar solicitó al Tribunal Constitucional que, si admite a trámite el recurso, proceda de inmediato a la suspensión del polémico plan, presentado por el presidente vasco, Juan José Ibarretxe y que prevé convertir a esa región del norte del país en una comunidad libre asociada a España con poderes propios de un Estado independiente.

El gobierno central no sólo impugnó la aprobación de la iniciativa por parte del Ejecutivo vasco, sino también la decisión de la Mesa del Parlamento autónomo de tramitarla. El ministro de Justicia español insistió en que "no se trata de impedir ningún debate" pero consideró que el "Plan Ibarretxe" supone "un quebrantamiento unilateral de las reglas democráticas" y es totalitario en su procedimiento, en su contenido y "en los compañeros de viaje elegidos", en alusión al ilegalizado partido independentista Batasuna (Unidad), considerado el brazo político del grupo armado ETA.

Una nacionalidad vasca propia, compatible con la española, voz propia en la Unión Europea (UE) y en los tratados internacionales que suscriba España, un sistema judicial propio incluido un Tribunal Supremo vasco, la facultad de recaudar las cotizaciones al seguro social o la competencia de organizar un referéndum que incluso pueda plantear la independencia son los puntos más polémicos del "Plan Ibarretxe". (DPA)

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El presidente vasco y el titular del Parlamento.

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