Piden que confirmen cifras sobre los balances de la Caja de Jubilaciones

El juez Raúl Candioti quiere conocer los números correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001

Santa Fe. - El juez correccional, Raúl Candioti, pidió al Tribunal de Cuentas de la provincia que confirme o no los números de los balances patrimoniales de los años 1999, 2000 y 2001 donde fue decreciendo el déficit a partir del reordenamiento del organismo previsional de Santa Fe. De acuerdo al balance correspondiente al ejercicio 2002, entregado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones al Tribunal de Cuentas, el organismo previsional habría tenido un superávit de 13.646.883,71 pesos, según surge del oficio enviado por el juez Candioti al citado órgano de control.

El magistrado remitió este oficio al Tribunal luego de conocerse la resolución del mismo conminando el reintegro de más de 77 millones de pesos a dos ex funcionarias, y pide que se comparen los resultados obtenidos a partir del estudio de la situación económica y financiera de la Caja en el período 1998-1999 -donde se inició la acción judicial, y en la que estaban a cargo de los ingenieros Fernando Bondesío y Juan Carlos Salas, respectivamente- con la situación existente en la actualidad.

El magistrado para tal efecto acompañó copias de los balances patrimoniales -remitidos por la Caja al citado Tribunal- correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002, como también copia de alguna de las exigencias y su respuesta que judicialmente hiciera ese juzgado por indicación de los técnicos que participaron de la investigación.

"Según estos balances -dice el oficio- surge que la ley provincial 6.915 tuvo un déficit decreciente durante los años 1999 de 60.288.374,97 pesos, en el año 2000 de 22.687.883,94 pesos, y en 2001 de 8.853.180,02 pesos", lo que evidencia que el agujero por donde se escapaban los recursos ha ido decreciendo, mientras que en el ejercicio 2002, se observa un superávit de 13.646.883,71 pesos.

Es evidente que los números de los balances, de ser corroborados por el Tribunal de Cuentas -hasta el momento están en sus manos pero no existe conocimiento de haber sido aprobados- estarían señalando un punto de inflexión en el estado económico-financiero de la Caja desde 1999 a la fecha. Al mismo tiempo estarían expresando que su déficit ha tenido mucho que ver con el desmanejo del organismo.

Se advierte en ese sentido que en sólo dos años, y en uno solo de los casos investigados sobre irregularidades, se observa una ausencia de comprobantes para justificar erogaciones por más de 77 millones de pesos, esto sin tener en cuenta los restantes rubros sobre los cuales avanzó el proceso.


Aumentos no remunerativos
El juez, en el oficio enviado ayer al Tribunal, dice que "también surge que la decisión política del gobierno provincial de otorgar aumentos no remunerativos a los activos y su correspondiente traslado a los pasivos se realiza porque el gobierno nacional garantiza el financiamiento. Dicho financiamiento -expresa- permitió que la Caja de Jubilaciones que administra el sistema previsional y otros sistemas como el de retiro policial, leyes de privilegio, pensiones graciables, tuviera en el ejercicio 2002, un superávit operativo de 16.051.797,95 pesos.

El magistrado requiere que se determine si existe planificación estratégica, coordinación entre organismos, si se impulsa una cultura previsional (ámbitos políticos, funcionarios, población cubierta) y cómo se ha capacitado al personal que desempeña tareas en la Caja.

Además pone énfasis en preguntar "si existe un diseño integral de los sistemas informáticos que sea plenamente seguro, que incluya la ejecución de cálculos de las actuaciones y una total transparencia de toda la gestión que permita a cada aportante-contribuyente estar seguro de que la tarea de previsión social que se desarrolla en el organismo tiene correlato con el marco legal-reglamentario y es eficiente".