Acorralados. El gobierno derogó el decreto que frenaba las extradiciones

Detuvieron a 43 ex represores buscados por la Justicia española

La decisión de Kirchner detonó el arresto de Bussi, Astiz y el santafesino Rolón, entre otros ex jerarcas

Un total de 43 de los 46 ex represores acusados de cometer "torturas, terrorismo y genocidio" durante la última dictadura militar fueron detenidos preventivamente, en el marco del pedido que precede al planteo formal de la Justicia española para lograr su extradición. El camino quedó libre ayer cuando el gobierno argentino anuló el decreto que impedía que los investigados puedan ser enviados a Madrid.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo del caso, tiene a su disposición a prácticamente todos los buscados, entre ellos el ex capitán de fragata Alfredo Astiz (alias Angel Rubio), el general (R) e intendente electo de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, el coronel (R) Juan Orlando Rolón -actuó en Santa Fe- y los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera (gravemente enfermo), Armando Lambruschini, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo, Omar Rubens Graffigna y Luciano Benjamín Menéndez.

Sólo el ex militar Antonio Arrechea Andrade no fue ubicado aún por la fuerza en la que revestía. Y se constató la muerte de dos de los integrantes de la lista enviada por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón: el general de brigada Jorge Maradona Jofre y el teniente coronel (R) Mario Caffarena Sese.

La mayoría de los acusados fue alojada en dependencias de las Fuerzas Armadas o de seguridad donde prestó servicios. Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, el único civil (se entregó anteanoche en el juzgado), recaló en una sede de la Gendarmería.

Los arrestados serán llevados hoy a los Tribunales federales de Retiro para notificarse de la orden de captura española. Cerca de una decena se encuentra en delicado estado de salud y no será movilizada, mientras que otros cinco fueron beneficiados con detenciones domiciliarias por ser mayores de 70 años.

Videla, Massera y el ex general Guillermo Suárez Mason ya tenían arresto domiciliario por causas abiertas por el robo de hijos de desaparecidos, junto con los marinos Jorge Tigre Acosta y Rubén Franco.

El magistrado también podría disponer excarcelaciones, en base a la premura que los acusados tuvieron al presentarse a la Justicia, aunque la cuestión se irá resolviendo caso por caso.

Lo cierto es que, antes de lo esperado, el presidente Néstor Kirchner decidió anular el decreto que había firmado Fernando de la Rúa y que coartaba automáticamente los pedidos de extradición.

En tanto, uno de los acusados, el prefecto Jorge Azic, intentó suicidarse durante la madrugada. Pero el disparo le destrozó parte de la cara y lo dejó en gravísimo estado.

La jornada aportó más tensión. Carlos Lordkipanidse, un ex detenido en la Esma que identificó a Azic como su torturador y el de su hijo de sólo 20 días, fue intimidado. Y el fiscal federal Guillermo Marijuán recibió una amenaza telefónica: "Tené cuidado con lo que dictaminás".

La Justicia argentina abrió un proceso que duraría unos 40 días, a la espera de que Garzón envíe formalmente el pedido de extradición para que los ex represores sean puestos en el banquillo en España por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra ciudadanos ibéricos.

Si el pedido no llega a tiempo, los detenidos recuperarán inmediatamente la libertad. Pero, si se cumple el procedimiento establecido, Canicoba Corral deberá resolver sobre la suerte de los ex represores. Anoche, el magistrado enfatizó: "No hay que poner demasiadas expectativas. Las alternativas pueden ser muchas y difíciles de prever".

Será entonces el momento de evaluar la presentación del abogado Florencio Varela, quien aclaró que 18 integrantes de la lista estaban en el anterior pedido de extradición, que fue rechazado.

Canicoba Corral también deberá estudiar si los delitos son prescriptibles, si se puede aplicar en algunos casos el principio de la ley más benigna o si alguien ya fue condenado por estos mismos hechos.

Ocurre que un principio legal universal establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Incluso, el general de división (R) José Antonio Vaquero -con arresto domiciliario en Córdoba- sufre demencia senil, lo que imposibilitaría un proceso.

Si una vez llegada esa instancia el juez entiende que las extradiciones son viables, los imputados todavía tienen un recurso: aspirar a que la Corte Suprema rechace el pedido de España.

El detalle no es menor. El máximo tribunal está analizando la validez de las leyes de obediencia debida y punto final, que liberaron a militares de segunda jerarquía que "cumplieron órdenes".

La última palabra está en manos del gobierno: a través de la Cancillería, a cargo del rosarino Rafael Bielsa, tiene la facultad de elegir si cumple o no con la opinión surgida de los tribunales. Sin embargo, Kirchner hizo saber que el tema está "en manos de la Justicia".

El patagónico había adelantado su intención de "terminar con la impunidad", pero sorprendió la rapidez con la que firmó el decreto, que marcó un hito en la historia del derecho internacional.

A su vez, organismos de derechos humanos avalaron la decisión, pero reclamaron la derogación de las leyes del perdón para juzgar a los sospechados en el país.

Astiz, acusado de torturas, terrorismo y genocidio