Pidiendo el voto: Cambiar el país desde sus bases

Jorge Altamira (*)

El próximo gobierno se hará cargo de un país afectado por una bancarrota generalizada de las relaciones sociales capitalistas vigentes. Las medidas del Partido Obrero (PO), para superar la miseria y la desesperación que reina entre los trabajadores, se enmarcan en un planteo de reorganización completa del país sobre nuevas bases sociales y políticas.
Mientras los candidatos del viejo régimen estructuran la salida a la crisis en la recapitalización de los banqueros con fondos públicos, el PO plantea la nacionalización integral de la banca, bajo control de los trabajadores, que servirá para concentrar el ahorro nacional a la aplicación de las prioridades populares y a usar la palanca financiera para reestructurar la industria y el comercio en función de los intereses sociales mayoritarios y de la independencia nacional.
Las primeras medidas serán: establecer el salario mínimo en el nivel del costo de la canasta familiar (alrededor de mil pesos) y aumentar los salarios en un ciento por ciento, que repone su poder adquisitivo a diciembre del 2001.
No son medidas aisladas, apuntan a la materialización de un gran objetivo estratégico: el reparto de las horas de trabajo entre toda la población capacitada. Donde seis trabajan hoy 12 horas, forzados por los bajos sueldos y por la tolerancia del Estado en la violación de la jornada legal, nueve trabajarán ocho horas. Para esto se suspenderá la vigencia de la libre contratación laboral y estipulará compulsivamente la incorporación al trabajo de cinco millones de desocupados.
Una movilización económica y financiera de esta envergadura está garantizada por la nacionalización de los bancos, con el resultado de impedir la inflación o la fuga de capitales. La capacidad ociosa de la industria garantiza que los aumentos de salarios y la incorporación de los desocupados al trabajo no superen los límites de los recursos sociales y económicos hoy disponibles.
La solución inmediata de los problemas sociales no sólo requiere que ella sea encuadrada en una reorganización de conjunto en el plano socioeconómico, también es necesaria la reorganización política, o sea un poder con contenido social diferente que sustente esta transformación. Consecuentemente, se impulsará una movilización nacional y un plebiscito para que los actuales poderes del Estado sean reemplazados por una Asamblea Constituyente.
Continuar pagando la deuda externa que ha provocado la bancarrota del país es un callejón sin salida. El gobierno del PO desconocerá la deuda pública, largamente usuraria, contraída por gobiernos militares y civiles corruptos, al servicio de los banqueros, y llamará a una conferencia internacional para abolir las deudas confiscatorias que sufren países y trabajadores y proceder a la confiscación y nacionalización de los sistemas financieros.
En oposición al operativo político que se pretende con estas elecciones, que es reconstruir el poder político golpeado por la rebelión popular para lanzar una tabla de salvamento a los bancos y grandes capitales a costa de los trabajadores, el PO hace suya la consigna que se vayan todos y que gobierne una Asamblea Constituyente que reorganice a Argentina sobre nuevas bases sociales.
(*) Candidato a presidente por el PO