Hogsten: sin permiso judicial para salir de prisión

Es el ex policía con perpetua que hacía compras y trabajaba fuera del penal. Indagarán a los custodios

El recluso Ignacio Darío Hogsten nunca fue autorizado judicialmente a abandonar el penal de Dorrego al 900 donde estuvo detenido hasta el lunes, cuando fue trasladado a la cárcel de Coronda. Si salía es porque los responsables de custodiarlo se lo permitían o miraban para otro lado. Ahora el jefe y la dotación de ese penal tendrán que explicarle a un juez por qué gozaba de un régimen de detención tan light que le permitía salir a trabajar, hacer compras y visitar a sus familiares. Los policías podrían ser acusados del delito de incumplimiento de sus deberes.
Hogsten es casualmente un ex policía. Por eso estaba en el penal de Dorrego al 900, destinado a miembros de esa fuerza acusados o condenados por cometer delitos. Una denuncia periodística reveló el lunes que se movía con tanta libertad que hasta se cruzaba a un supermercado que está frente a la prisión y lavaba autos en la vereda.
Este dato motivó la apertura de una causa penal para investigar por qué ocurría y quiénes son los responsables. Las pesquisas están a cargo del juez correccional Daniel Acosta. Este magistrado ya constató que su colega Efraín Lurá, el juez de ejecución penal que debe hacer cumplir la condena de Hogsten, jamás firmó una autorización para que el ex policía abandonara aunque más no fuera por un rato el penal donde estaba recluído, según revelaron ayer fuentes tribunalicias.
Hogsten es quien mató a Aníbal Pellegrini, un joven que vivía en Casilda, en septiembre de 1996. Por ese crimen fue condenado a prisión perpetua y exonerado de la policía. El móvil del homicidio, según lo determinó la justicia, fue robarle una moto Kawasaki 1000 a la víctima.
Mientras el reo pasa sus primeras horas en Coronda, el juez Acosta prepara una batería de preguntas para el comisario Oscar Martínez, jefe del penal policial. Tanto él como los otros miembros de la dotación que trabaja allí están bajo sospecha de haber facilitado el régimen de detención tan flexible del que gozaba el recluso.
Lo extraño es que según pudo saber ayer este diario, desde hace varios meses existe una orden de la jefatura de la Unidad Regional II que obliga a jefes de otras dependencias a requisar diariamente el penal de Dorrego al 900. Esto se implementó a principios del año pasado, cuando circuló el rumor de que uno de los efectivos detenidos podría estar involucrado en un asalto sangriento.
Si lo que reveló una fuente de la propia policía es cierto, la orden debía cumplirse al menos dos veces al día, al caer la tarde y en plena madrugada. Además, la requisa debía estar a cargo rotativamente de distintos comisarios. Sin embargo, esto no impidió que Hogsten gozara de los privilegios que ahora se conocen públicamente.