La economía santafesina perderá al menos 400 millones de pesos si el gobierno nacional no evita que las empresas agrícolas paguen impuesto a las ganancias por "utilidades ficticias" agigantadas por la inflación. Así lo indica un informe en poder del vicegobernador Marcelo Muniagurria, quien alertó que "si se no se instrumenta un mecanismo adecuado de ajuste en la aplicación el impuesto, se frenará la incipiente reactivación que se está generando en las localidades del interior santafesino".
El llamado ajuste por inflación a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias es un reclamo que vienen llevando adelante entidades empresariales ligadas fundamentalmente a los sectores exportadores. Es porque entienden que los efectos de la inflación en sus activos generan una utilidad que nada tiene que ver con el resultado real obtenido por estas unidades económicas. Al pagar por "utilidades ficticias", el impuesto se transforma en una imposición sobre el capital, con la consecuente desinversión.
El trabajo hecho por el especialista Ariel Mana para el vicegobernador de la provincia pone en números los resultados de esa "descapitalización" en la economía santafesina. En base a una serie de modelos aplicados sobre explotaciones agropecuarias de distinta dimensión y estructura patrimonial, calculó que como mínimo el sector agrícola santafesino, que genera recursos por unos 6.500 millones de pesos, pagará por ganancias unos 1.100 millones de pesos, 400 millones más de lo que pagaría si no se sobrevaluaran los activos por efecto de la inflación.
"Ese excedente equivale a 8 veces lo que se liquida de impuesto inmobiliario rural y la exacción se agrega a lo que ya se detrae de la economía provincial por las retenciones", indicó Muniagurria, quien agregó que "son 400 millones que saldrán de circulación de la provincia, es decir que habrá menos inversión en silos, en maquinaria y en otro tipo de bienes por los cuales hoy se están moviendo las pequeñas y medianas localidades santafesinas", señaló.
El vicegobernador trasladará esta preocupación en las próximas horas al secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, quien lleva adelante negociaciones con las cámaras empresarias para discutir un índice de ajuste al cálculo del impuesto a las ganancias que contemple dos situaciones: el reclamo de los privados y el interés del gobierno de aprovechar el efecto inflación para hacerse de unos pesos más, aunque sea por única vez.
La preocupación de Muniagurria es que "el campo tiene particularidades que no siempre son conocidas por los funcionarios nacionales y el intento por aplicar un índice de actualización general a toda la economía puede terminar agravando la situación de los productores". De hecho, el vicegobernador advirtió ya hace algunas semanas que el intento de resucitar el viejo mecanismos de ajuste por inflación que eliminó Cavallo en el año 92, tal como lo plantearon inicialmente las entidades del campo, no es suficiente para evitar el pago por ganancias ficticias.
Menos todavía en el caso de los pequeños y medianos productores altamente endeudados, "en el cual el ajuste del pasivo puede ser superior al del activo, por lo cual terminará pagando todavía más por impuesto a las ganancias", explicó.
Desde su punto de vista, el problema central que se les plantea a las empresas es la sobrevaluación que produce el desfasaje macroeconómico en el stock de activos del año anterior. Por caso, un productor que al comenzar el año tenía guardado mil quintales de soja y sembradas 30 hectáreas, por un valor de 20 mil pesos, ahora tiene un activo de 80 mil. "Eso afecta la inversión porque si el empresario en vez de sembrar compraba un departamento se evitaba el pago de esa ganancia ficticia", explicó.
La alternativa propuesta por Muniagurria es establecer por decreto que los bienes de cambio al inicio del ejercicio se valúen a los mismos valores que los de la fecha de cierre. "De esta manera se pagaría impuesto por el resultado real operativo de la explotación en el ejercicio, no se pagaría por los resultados por tenencia, el endeudamiento no afectaría el resultado y, en caso de existir una diferencia en volumen de cereales o sementeras, éstas estarían sujetas al impuesto", dijo.
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La Ciudad
