El gobierno admitió ayer que podría postergar las elecciones generales inicialmente previstas para el próximo 30 de marzo. La confesión se realizó ante el conocimiento de que la jueza federal María Servini de Cubría (que debe decidir si declara la inconstitucionalidad de la convocatoria a los comicios) ya comenzó a requerir a todos los tribunales electorales del país datos sobre planteos contra el llamado a las presidenciales.
Aunque el presidente Eduardo Duhalde "no permanecerá en el poder más allá del 25 de mayo", el cronograma electoral anunciado por el gobierno puede alterarse por decisión de la Justicia, reconoció el ministro del Interior, Jorge Matzkin.
"Creemos que no se va a detener el proceso (electoral), pero no puedo opinar por lo que decida la Justicia. Si lo detuviera la Justicia, eso sí sería un problema", enunció Matzkin en rueda de prensa con medios extranjeros.
La Asamblea Legislativa podría reunirse para ratificar o no la convocatoria a elecciones, mientras Duhalde ya presentó al Congreso su renuncia a la Presidencia a partir del 25 de mayo de 2003.
El calendario electoral que diseñó la administración Duhalde fijó internas abiertas y simultáneas para el 15 de diciembre, elecciones presidenciales para el 30 de marzo, segunda vuelta para el 27 de abril y traspaso del mando para el 25 de mayo. Pero todas las fechas están en duda no sólo por la definición del Congreso sino, principalmente, por la decisión que adoptará la Justicia.
En principio, Servini ya suspendió las primarias de diciembre por considerar que se organizaron en forma contraria a la Constitución nacional.
Ahora la magistrada analiza un nuevo planteo de inconstitucionalidad presentado por un abogado contra los comicios generales de marzo. Y el fiscal Jorge Di Lello dio luz verde a esa acción, que podría derivar en un impedimento insalvable para la celebración de las generales en la fecha originalmente establecida.
Ayer, y en base a un reclamo del fiscal, Servini pidió a todos los tribunales electorales del país que informen acerca de los recursos presentados por ciudadanos particulares y organizaciones políticas y sociales contra las presidenciales de marzo.
Si bien la jueza ya analiza "numerosas presentaciones por las internas y también por el llamado a elecciones generales", en los últimos días ingresó al tribunal electoral a su cargo un planteo formulado por un abogado constitucionalista que, según fuentes judiciales, esgrimió argumentos "muy sólidos" para impugnar la convocatoria a comicios del próximo marzo.
El peso de la realidad
Con el convencimiento de que no habrá internas, el menemismo, todavía en estado de shock por la fuerte apuesta duhaldista de suspender las primarias del PJ, abrió ayer múltiples canales de diálogo con sectores que responden a Eduardo Duhalde para llegar a un consenso en torno del congreso partidario, que se realizará el próximo martes en Parque Norte.
Fuentes cercanas al ex presidente admitieron que el menemismo participaría del congreso partidario, dominado por el duhaldismo, si se acuerda un temario previo que no incluya una eventual postergación de las internas (previstas por ahora para el próximo 15 de diciembre), ya que, dicen, ese órgano "no tiene facultad" para tratar esta cuestión.
En voz baja, el duhaldismo acepta que la mesa chica del congreso no tiene facultades como para ordenar la suspensión de las internas, tal como lo resolvió anteayer, pero aclaran que fue una jugada para "tensar la cuerda" al máximo y luego sentarse a negociar.
Más allá de la dura posición del menemismo respecto de que no se cambie la fecha de las internas, voceros calificados de esa corriente admitieron que creen que "no habrá" finalmente elecciones en el PJ, aunque aclararon que tampoco llegará "sangre al río".
La Ciudad
