Sorpresivamente, el Senado derogó jubilaciones y pensiones especiales

Políticos, jueces, diplomáticos y obispos, sin privilegios

Una moción para votar en forma nominal cambió el sentido del pronunciamiento. El gobierno podría vetar

Sorpresivamente, los senadores le dieron ayer luz verde a la derogación de los regímenes de jubilaciones de privilegio y de pensiones vitalicias. La iniciativa incluye a todos los cargos políticos, jueces, diplomáticos y obispos.
Pese a que en los últimos días eran mayoría los que pensaban introducir modificaciones para excluir de las restricciones a los magistrados, los embajadores y la jerarquía eclesiástica, una moción para votar en forma nominal y no a mano alzada (como es habitual) torció el sentido del pronunciamiento.
No obstante haberse convertido en ley, la iniciativa sería vetada por el gobierno, tal como lo anticipó la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, y lo transmitió el propio presidente Eduardo Duhalde a los senadores del PJ.
Lo curioso es que el proyecto original fue presentado por el Ejecutivo, como resultado de una de las propuestas centrales que esbozó la Mesa del Diálogo Social.
La iniciativa había recibido media sanción de Diputados el 21 de agosto pasado y fue aprobada en general por el Senado el 9 de octubre. Sin embargo, su tratamiento en particular se postergó porque ya eran casi las 2 de la madrugada.
El artículo 1º de la norma, que es el central porque deroga todos los regímenes especiales, fue aprobado por 33 votos afirmativos contra 24 negativos.
Tanto los justicialistas como los radicales y los representantes de los partidos provinciales sufragaron divididos en ese punto, demostrando que las disidencias no respondieron al tradicional quiebre entre las principales fuerzas políticas.
Hasta el momento mismo de la votación no se sabía cuál sería el resultado, un hecho inusual en el Congreso, pero la propuesta del Miguel Angel Pichetto (PJ) para que se sufrague en forma individual generó un efecto cascada decisivo en contra de las modificaciones.
El proyecto deroga las tres leyes que contemplan los regímenes especiales de presidente y vice de la Nación, legisladores; ministros; secretarios y subsecretarios del Ejecutivo.
Estas normas también incluyen a secretarios y prosecretarios de las Cámaras legislativas; intendentes; ediles; secretarios y subsecretarios de los concejos deliberantes; todos los jueces, incluidos los de la Corte Suprema; diplomáticos y obispos.
Los únicos esquemas especiales que se mantienen inalterables son los de los docentes y los investigadores científicos y tecnológicos. Además, en base a la declaración de la emergencia económica, se determina un tope de 3.100 pesos para los haberes que se perciben actualmente. Esta excepción rige durante un año, prorrogable por el gobierno por otros 365 días más.
Los principales impulsores de los cambios, tal como ocurrió en el tratamiento en general, fueron los justicialistas Eduardo Menem, Oscar Lamberto, Marcelo López Arias y Pichetto, además del radical Raúl Baglini.
En esa línea también se enrolaron, entre otros, los peronistas Mabel Muller, Malvina Seguí, Carlos Verna, Jorge Yoma, Juan Carlos Maqueda, Antonio Cafiero y Guillermo Jenefes. Y los radicales Carlos Maestro, Mario Losada y Jorge Colazzo.
El argumento principal de estos legisladores es que la ley afecta derechos adquiridos y que, en consecuencia, será considerada inconstitucional por la Justicia.
Baglini, además, desglosó los posibles efectos económicos de la norma: recordó que la Ansés debe pagar este año 700 millones de pesos por juicios, que sumados a las causas atrasadas dan en total 20 mil millones.
El senador también advirtió que, desde el recorte del 13 por ciento de los haberes a los jubilados, el organismo tuvo que abonar 12 millones de pesos en gastos y 996 mil dólares en retroactivos.
Lo cierto es que el ahorro que se produciría con esta ley sería de 117 millones de pesos por año a partir de la reducción de 9.200 jubilaciones de entre 4 y 10 mil pesos mensuales.
La movida de los senadores ganó las primeras planas a pura sorpresa.