Año CXXXV
 Nº 49.621
Rosario,
viernes  04 de
octubre de 2002
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Enrique Piana cumple prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita
La mafia del oro ya tiene un procesado
El juez Ballestero, quien también busca probar si hubo lavado de dinero, tiene a Alberto Kohan en la mira

El empresario Enrique Piana, preso desde que en 1997 fue acusado por la Justicia de Estados Unidos, fue procesado ayer en Argentina como presunto jefe de una asociación ilícita que habría estafado al Estado nacional mediante el cobro indebido de reintegros a las exportaciones de oro, y desde ahora cumple prisión preventiva.
El juez federal Jorge Luis Ballestero, quien consiguió que las autoridades estadounidenses extraditaran en mayo pasado a Piana a la Argentina, dictó el procesamiento y la prisión preventiva del empresario y ordenó además una ampliación de las declaraciones indagatorias de los ex funcionarios de la Cancillería Jorge Campbell y Marcelo Avogadro.
Campbell se desempeñó como secretario de Relaciones Económicas Internacionales en el período 1994-99 y formaba parte de la Fundación Export-Ar, que dirigía Avogadro y dependía de la Cancillería y el Ministerio de Economía.
El propietario de Casa Piana, que ahora apelará su procesamiento ante la Sala II de la Cámara Federal porteña, aseveró que en 1994 pagó personalmente 300 mil dólares al entonces secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, para posibilitar las maniobras con las exportaciones auríferas que provocaron un grave perjuicio económico a las arcas públicas.
Básicamente, las operaciones ilegales tuvieron dos modalidades: la simulación de exportaciones de oro y el envío real de manufacturas que previamente eran importadas y modificadas en Buenos Aires al solo fin de justificar el cobro de reintegros fiscales.
Una veintena de empresas -principalmente Casa Piana- habrían obtenido millonarios ingresos ilegales del Estado por exportaciones de oro inexistentes. En las maniobras habría intervenido el liquidado Banco Baires, cuyo gerente general era el acusado Antonio Lanusse, primo del fiscal Pablo Lanusse, que investigó el caso pero renunció al fuero federal tras ser víctima de siete atentados mafiosos.
Fuentes judiciales recordaron que la pesquisa está orientada, además, a probar posibles operaciones de lavado de dinero, delito por el cual Piana fue detenido en Estados Unidos el 27 de mayo de 1997.
"A Kohan y su operador Lito Fernández se le pagaban 30 mil dólares por mes, y esto se realizó durante diez meses consecutivos", detalló Piana, y aseguró: "El primer pago lo realicé en sus oficinas con Lito Fernández, ahí se hizo el arreglo" para concretar exportaciones ficticias.
Según consta en el expediente que instruye Ballestero, Casa Piana habría exportado a Estados Unidos metales sin valor -como monedas de plomo, por ejemplo- en 500 embarques que facturaron en mil millones de dólares. "Los americanos estaban dispuestos a pagar hasta 100 mil dólares y Kohan apareció pidiendo 30 mil dólares... los americanos saltaban en una pata porque decían que era una cifra baja", abundó Piana ante el juez.
Frente a la acusación, Ballestero denunció a Kohan, quien ahora es investigado por posible cohecho en una causa conexa que conduce el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. "Kohan no tiene absolutamente nada que ver en esto. Es una mentira total", retrucó el ex presidente Carlos Menem.
Piana, por su parte, dijo públicamente que está convencido de que Menem conocía la estafa del oro, perpetrada durante 1994 y 1995 al amparo de las resoluciones del Ministerio de Economía que, en la gestión de Domingo Cavallo, establecieron reintegros fiscales a las exportaciones de oro.
La DGI, que en 1996 denunció los hechos, llegó a pagar 20 millones de dólares en reintegros por operaciones simuladas, mientras la Administración Nacional de Aduanas dejó de percibir unos 200 millones de dólares al omitir el cobro de aranceles por la supuesta importación de oro suizo.
Detenido en el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería, Piana fue notificado ayer de la resolución del juez Ballestero, quien elevará el caso a juicio oral si la Cámara Federal confirma sus decisiones.


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