La tremenda crisis en que están envueltos los inversores norteamericanos no es otra cosa más que la reedición de la misma crisis que soportan los ahorristas argentinos. En Estados Unidos, ellos fueron engañados por poderosas corporaciones que mostraban ganancias ficticias en sus balances. En Argentina, en cambio fueron estafados por un Estado que ofrecía rendimientos extravagantes en títulos públicos. La burbuja financiera estalló en Wall Street cuando se descubrió que Enron, Worldcom, Xerox, IBM, Merck y otras empresas presentaban balances falsos y sus acciones estaban sobrevaluadas. En Buenos Aires, el globo de los títulos públicos explotó cuando Rodríguez Saá defaulteó al Estado y Duhalde derogó la convertibilidad, devaluó y pesificó créditos y deudas, condenando a los ahorristas que habían confiado el dinero en los bancos, con una irresponsable insolvencia. A pesar de las distintas circunstancias y de diferentes personajes, estamos en presencia de similar estafa y nos encontramos con una misma causa: el sistema económico que maximiza un valor social erróneo: la codicia por los bienes materiales.
Capitalismo sin ética
Tras la caída del muro de Berlín en diciembre de 1989, tanto Argentina como Estados Unidos se embarcaron en el capitalismo globalizado que aquí se puso en práctica con privatizaciones que aseguraban mercados cautivos, la ratificación del monopolio sindical y el despilfarro de dinero a través de indemnizaciones repartidas a troche y moche.
Así como la demolición del muro de Berlín preanunció la disolución de la Unión Soviética, sucedida exactamente dos años después, ahora la crisis financiera que agobia ambos pueblos, muy posiblemente esté preanunciando el final de un capitalismo salvaje, sin reglas éticas.
Entre ellos y nosotros hay muchas cosas en común. La principal es la codicia, que no es otra cosa que el deseo inmoderado de acumular riquezas por encima de todo, practicada por minorías privilegiadas que detentan el poder. En EEUU fueron los CEO de la nueva economía, administradores de capitales ajenos y graduados en las mejores escuelas de negocios, quienes se dedicaron a enriquecerse a costa de los accionistas, engañándolos con la contabilidad creativa y los balances falsos. Estos "ejecutivos" embolsaban enormes diferencias entre los "bonus" adjudicados como honorarios, y el valor de mercado de las acciones vendidas a precios artificialmente elevados. Aquí, en Argentina fueron los políticos populistas que aplicaron la "cirugía mayor sin anestesia", administradores del dinero público, que sólo se ocuparon por rapiñar fortunas a expensas de los ciudadanos a quienes engañaban haciéndoles creer que estábamos en el primer mundo y absorbiendo el ahorro nacional con "bonos" que terminaron por no valer nada. Tanto allí como aquí, hubo bancos importantes que fueron cómplices de estas maniobras.
Pero hay una enorme diferencia entre ambos países. En EEUU el peor delito es el perjurio, que consiste en jurar en falso, la justicia es implacable, los jueces son independiente, nadie tiene coronita y el que las hace las paga. Mientras que en Argentina la palabra empeñada no tiene valor, los compromisos se rompen fácilmente, el gobierno suele encubrir a quienes cometen delitos y la justicia es de goma, frecuentemente al servicio de los intereses de quien gobierna.
Los pactos deben ser respetados
La característica de este capitalismo sin ética es una inclinación a menospreciar la significación fundamental de la pequeña propiedad privada, desestimar los legítimos intereses de quienes no tienen poder económico y desconocer sus derechos a la libertad de contratación, restando importancia al incumplimiento de las promesas oficiales.
En lugar de respetar esas cualidades, en Argentina se cargó el acento en las cuestiones macroeconómicas: los grandes valores agregados, el flujo de las corrientes financieras y las cuantías de las recaudaciones fiscales. Es cierto que debemos precavernos de un economicismo obtuso e indiferente a los valores morales, pero también es cierto que los moralistas que no tengan en cuenta la economía política, inexorablemente intentan obrar el bien pero terminan haciendo el mal.
La economía no gira en el vacío moral y tampoco llena la vida del ser humano, porque en definitiva "no sólo de pan vive el hombre". Pero no hay duda alguna que la economía funciona mucho mejor cuando se respetan los valores morales que están inscritos en nuestra conciencia y que deben ser tenazmente defendidos por el gobierno contra la depravación.
Dentro de esos valores, hay que destacar la autodisciplina, el sentido de justicia, la honradez, el juego limpio, la hidalguía, la compostura, el sentido común, el respeto por la dignidad humana, el orgullo por el trabajo bien realizado y la templanza en el deseo de cosas materiales. Todos ellos son valores que deben ser aportados antes de desarrollar cualquier actividad económica porque constituyen los puntos de apoyo insustituibles que preservan el mercado y la competencia de la degeneración del capitalismo salvaje. Estos fueron los valores ultrajados por nuestra clase política y pisoteados por los ejecutivos de la nueva economía americana.
Las cualidades éticas que deben predominar en una economía de mercado con responsabilidad social, tienen un fundamento auténtico y definitivo en aquel código de toda conducta moral normal que se sintetiza en la sólida frase latina: "Pacta sunt servanda", ¡los pactos deben ser respetados!
La salida del corralito
En la crisis financiera argentina el sistema bancario quedó herido de muerte. Sin embargo es imposible prescindir del mismo. Su importancia e influjo es enorme porque los bancos son intermediarios del crédito y proveedores de capital de trabajo para que funcionen el comercio, la agricultura y la industria. Sin bancos esa función social no se podría cubrir. Es imposible reconstruir la vida económica argentina sin crédito ni circulación del dinero, por lo tanto es absolutamente imperioso que el gobierno asegure el funcionamiento pleno de los bancos sin violentar la justicia, para que el dinero y el crédito se encaminen hacia empresas económicamente viables, que no sean perniciosas para la vida civil.
El sistema bancario argentino debe reorganizarse orientándolo según la cultura nacional y respetando nuestra tradicional forma de ser, pero lanzado a proyectos serios y responsables. Será necesario prohibir a los bancos que presten dinero al Estado, utilizando los fondos de sus depositantes en la compra de títulos públicos. El Estado tiene que financiarse única y exclusivamente con el dinero obtenido de la recaudación impositiva. De todas maneras surge una pregunta de ineludible respuesta ¿cómo reorganizar al sistema bancario si los reclamos unánimes tienen como objetivo sacar hasta el último centavo allí depositado?. En la medida que el gobierno multiplique decretos para impedir el escape, el problema no tendrá solución, salvo la catástrofe final. No hay más remedio que cambiar el enfoque y reflexionar acerca de ¿qué debería hacerse para que el dinero de los argentinos vuelva a entrar en los bancos?
Y aquí sí que las cosas deben ser planteadas sin pelos en la lengua. Las insensatas medidas adoptadas desde el avasallamiento al Banco Central han quitado confiabilidad a las leyes y tribunales locales. El Estado argentino violó derechos de propiedad, alteró contratos privados, pisoteó las reglas y engañó al público. Lo ha hecho varias veces en forma brutal, demostrando que hace lo que se le da la gana. Entonces hay que crear una ingeniería institucional para atarle las manos. La gente no va a creer en promesas, se requiere una renuncia a la soberanía legislativa y quedar sometidos a la jurisdicción de otros países. Que el gobierno y el parlamento no puedan cambiar las leyes, es decir que las reglas que operen en el país estén bajo jurisdicción extranjera. Como no se trata de organizar la salida del corralito sino de crear condiciones para que vuelvan a entrar en los bancos, sin temor alguno, no hay más remedio que firmar, con auspicios del FMI, un tratado internacional con los países que tengan filiales bancarias en Argentina. Sólo así puede conseguirse una norma jurídica que no sea manoseada por leyes, decretos y sentencias de jueces locales (art. 75 inc. 22 CN). Ese tratado debiera contener cláusulas de garantías de los depósitos por las casas matrices, jurisdicción de los tribunales extranjeros, libertad cambiaria, secreto bancario a efectos impositivos y prohibición de utilizar las cuentas bancarias para cobrar impuestos mediante débitos forzosos. Sólo restableciendo el principio moral del "Pacta sunt servanda" volveremos a restablecer la confianza y daremos vuelta a la cuestión: comenzaremos a preocuparemos por entrar y no por escapar de los bancos.
La Ciudad
