La creciente tensión entre el gobierno y el justicialismo, signada por la falta de acuerdos entre la Nación y las provincias, podría impedir el tratamiento del presupuesto nacional en el Congreso.
Así lo adelantaron ayer senadores y diputados de la oposición y del oficialismo, ante la posibilidad cada vez más avanzada de que el Ejecutivo no convoque a sesiones extraordinarias para después del 1 de diciembre.
La debilidad del oficialismo en la Cámara de Diputados y en el Senado, sin embargo, hace que el Ministerio de Economía prefiera que los legisladores ingresen al receso de verano sin discutir la norma que define cómo y en qué va a gastar el Estado sus recursos en el 2002.
Y la explicación es sencilla: la legislación favorece al gobierno nacional porque sin un nuevo presupuesto aprobado, el gobierno podría utilizar como base el de este año.
Ahora cuenta además con la ley de déficit cero, que permite reasignar partidas y justificar ajustes a la sombra del equilibrio fiscal que de otra manera requerirían de una desgastante negociación con los legisladores. Tratar en el Congreso el presupuesto nacional implicaría para el gobierno blanquear una poda de aproximadamente 10.000 millones de pesos, 6.500 millones que era el déficit permitido para este año y el resto como producto de la caída de la recaudación.
El vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado justicialista Oscar Lamberto, lanzó su pronóstico sin dudarlo: "El gobierno no quiere tener presupuesto, porque con el anterior y la ley de déficit cero puede arreglarse". La evaluación que se hizo allí es que "el gobierno pretende gobernar por decreto durante todo el receso, ya que en marzo no sólo se inicia un nuevo período ordinario sino que además caducan los superpoderes".
El gobierno presentó un escueto proyecto de presupuesto al Parlamento, sin especificar como llegará al déficit cero.
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La Ciudad
