Año CXXXIV
 Nº 49.184
Rosario,
sábado  21 de
julio de 2001
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Venta de armas. El empresario ahora será indagado por contrabando
Emir Yoma no pudo llegar a la Corte

El empresario y ex asesor presidencial Emir Yoma, detenido desde el 7 de abril pasado como presunto organizador de una banda que habría traficado armamento a Ecuador y Croacia, recurrirá en queja a la Corte Suprema de Justicia debido a que la Cámara Federal porteña rechazó ayer la pretensión de la defensa de llegar al máximo tribunal por la vía extraordinaria.
Con todo, en el último día hábil previo a la feria judicial de invierno, que desde el lunes suspenderá la actividad en los tribunales, Yoma recibió otro fallo en contra: la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico ordenó al juez Julio Speroni que indague a Emir por presunto contrabando agravado de armas y pólvora.
"Se advierte la procedencia de convocar a prestar declaración indagatoria Emir Fuad Yoma por la posible participación del nombrado en los hechos", dijo el tribunal al referirse a la exportación clandestina de armamento y pólvora a Croacia, en la que el empresario ni siquiera figuraba como sospechoso hasta ayer.
Paralelamente, y en disidencia con el fiscal general Germán Moldes -quien había dictaminado en favor del recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Emir-, la Sala II de la Cámara Federal resolvió ayer declarar "inadmisible" esa acción, destinada a que la Corte revoque la prisión preventiva que el juez federal Jorge Urso le dictó al empresario riojano y ex cuñado del también detenido Carlos Menem, y que ya fuera confirmada por el tribunal de alzada.
Ahora los abogados Zenón Ceballos y Mariano Cúneo Libarona, en representación de Emir Yoma, preparan el recurso de queja para presentarse ante la Corte Suprema, que podría declarar nulo el expediente que instruye Urso si hace lugar al argumento esgrimido por el ex presidente Carlos Menem y otros ex funcionarios de su gestión procesados, según el cual la venta de armas a dos naciones que afrontaban conflictos bélicos constituyó una decisión de Estado que no puede ser revisada por el Poder Judicial.


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