Marcelo Carné
"En la denuncia periodística que originó el pedido de investigación al juez (federal Jorge) Urso hay algunos elementos que dan lugar a la sospecha", sostuvo ayer a La Capital el abogado santafesino Eduardo Orio, integrante de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que esta mañana se reunirá en la Capital Federal para analizar diversa documentación requerida en el marco del pedido de investigación del patrimonio del magistrado que la semana pasada dictó el procesamiento del ex presidente Carlos Menem.
Orio, quien conjuntamente con su colega Mario Gersenobitz promovieron la investigación del patrimonio del juez Urso al recoger una denuncia periodística que le adjudicó al magistrado diversas propiedades -entre ellas un establecimiento de campo en la provincia de Buenos Aires- anticipó a este diario que en el encuentro previsto para hoy a las 9.30, será abierta la última declaración de bienes presentada por Urso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a requerimiento del Consejo de la Magistratura.
"Lo que hemos formulado con el doctor Gersenobitz no es una denuncia de enriquecimiento ilícito, sino un pedido de investigación de los bienes patrimoniales del doctor Urso para comprobar si hubo algún incremento patrimonial indebido, recogiendo una denuncia periodística de la que surgen algunos elementos que dejan lugar a la sospecha", remarcó Orio.
Según se encargó de remarcar el abogado de la capital santafesina, la investigación del patrimonio de Urso es "totalmente independiente de la causa de las armas" por la cual el magistrado acaba de procesar a Menem: "La actuación del Consejo de la Magistratura no tiene ningún tipo de relevancia en las actuaciones jurisdiccionales que pueda llevar adelante Urso y en las que tiene absoluta independencia para resolver".
Orio señaló que tanto él como Gersenobitz provienen del estamento profesional de los abogados y "no tenemos ningún tipo de representación política en el Consejo", a la vez que enfatizó que "cuando se presentan cuestiones éticas o morales que puedan tornar reprochable la conducta de un juez no hay tiempos políticos para investigarlo". De tal modo el consejero salió al cruce de recientes declaraciones periodísticas de Urso, quien atribuyó las sospechas sobre su patrimonio a la diputada menemista Lelia Chaya.
Respecto al curso de la investigación, explicó que en sus anteriores declaraciones juradas Urso ha denunciado que su domicilio real es un departamento de su propiedad en calle Castex, con una valuación fiscal de 140 mil pesos y sobre el cual pesa una hipoteca de 200 mil pesos. No obstante, el magistrado federal no vive en esa dirección sino que reside junto a su familia en un departamento ubicado en la calle San Martín de Tours, en el barrio porteño de Palermo.
"Según la ficha catastral que nos fue remitida por el Registro de la Propiedad de la ciudad de Buenos Aires esta última propiedad está inscripta a nombre de la sociedad Mobaret Inc. Company, que denuncia como domicilio real las islas Vírgenes Británicas", señaló Orio.
Agregó que por ello "hemos requerido al escribano que intervino en la compraventa de la vivienda de San Martin de Tours cuáles son los antecedentes dominiales y de la sociedad que figura como propietaria porque en la escritura traslativa de dominio deben figurar todos los datos, es decir desde cuando le pertenece dicho inmueble, dónde está inscripta y quién es la persona que representa a la sociedad".
Consultado sobre si la situación de Urso es comparable a la del ex juez Carlos Liporaci -quien renunció a su cargo en febrero pasado cuando el Consejo de la Magistratura abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito- Eduardo Orio estimó que "no creo que la situación de Urso sea equiparable a la de Liporaci, aunque sí puede haber algunas declaraciones o circunstancias en el caso de Urso que no son exactas".
Orio ejemplificó "además de manifestar en sus declaraciones juradas que vive en calle Castex, pero en realidad reside en el inmueble de San Martín de Tours, Urso no declara entre sus ingresos el supuesto alquiler del departamento de calle Castex, ni denuncia a su vez cuánto paga por el arrendamiento del departamento en el que realmente está residiendo".
Otro dato llamativo radica en la cantidad de automóviles que posee el magistrado federal. Urso reconoce en sus declaraciones la propiedad de una camioneta Toyota 4x4 y un VW Passat último modelo. Pero en un informe requerido por el Consejo al Automóvil Club Argentino aparece también asegurada a nombre de Urso una camioneta Ford F100.
"Nadie asegura un vehículo que no es suyo", es la conclusión de los consejeros que promueven la investigación del patrimonio del magistrado.
Respecto a la finca que se le adjudicó a Urso cerca de la población bonaerense de Magdalena, la Comisión de Acusación recabó diversos informes catastrales de los cuales surge que "no figura a nombre de Urso ninguna propiedad en esa zona de la provincia de Buenos Aires".
En rigor, el establecimiento de campo figura a nombre de José Andrés Gonsacia, aunque el juez Urso admitió haberla alquilado a una sociedad off shore del Uruguay.
Luego de evaluar las distintas pruebas aportadas a la investigación, la Comisión de Acusación deberá elaborar en las próximas semanas un dictamen aconsejando al plenario que desestime el pedido formulado por Orio y Gersenobitz, o bien en caso de reunir indicios suficientes le de curso al pedido de investigación contra Urso.
En este último supuesto el magistrado podría ser citado para dar explicaciones o para formular su descargo, de acuerdo al tenor de las acusaciones que se le imputen.
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La Ciudad
