Cuatro jefes de secciones de la Unidad Regional II de policía declararon ayer en los Tribunales locales en el marco de la causa que investiga la existencia de un mecanismo de recaudación ilegal en la policía local. La citación se produjo un día después de que se efectuara una serie de allanamientos en las secciones a su cargo: Moralidad Pública, Leyes Especiales, Automotores y Seguridad Personal. Los comisarios -tres de ellos movidos de sus cargos la semana pasada- dijeron "desconocer" que la Jefatura local cuente con presupuesto clandestino abonado mensualmente por reparticiones de la fuerza.
En tanto, según trascendió de fuentes judiciales, el magistrado tomó una medida fundamental en la causa: solicitó al jefe de policía provincial, José Storani, que explique si la auditoría ordenada en la Unidad Regional II a raíz de las denuncias periodísticas sobre cajas negras se hace también en las restantes 18 departamentales de la provincia.
Los policías que comparecieron ayer en Tribunales son todos del área de la Agrupación Unidades Especiales. Ellos son Héctor Santana, ex jefe de Moralidad Pública; Ernesto Evangelisti, ex titular de Leyes Especiales; Daniel Barrile, ex responsable de Automotores, y Sergio Aguilar, jefe de Seguridad Personal.
Los cuatro oficiales fueron citados por orden del juez Carlos Carbone, a cargo en suplencia del juzgado de Instrucción Nº 1, donde se investiga la existencia de un sistema de recaudación clandestina que abonaría un presupuesto no menor a los 300 mil pesos mensuales a las arcas de la Jefatura.
Los libros en la mano
El miércoles la Justicia allanó las oficinas de estas cuatro secciones a raíz de un pedido de la División Asuntos Internos de la policía, organismo que desarrolla una investigación paralela a la causa penal. En el procedimiento se secuestraron los cuatro libros que registran el movimiento de esas secciones. Actualmente esos libros son inspeccionados por Asuntos Internos y la semana próxima serían remitidos al juzgado.
A raíz del secuestro de documentación, el juez ordenó una serie de medidas (cuyos alcances no trascendieron) y citó a los titulares de las reparticiones allanadas. Los oficiales no declararon como testigos ni como imputados. Prestaron declaración informativa, una figura que no los convierte en acusados pero que no impide que sean imputados en el futuro si surgen elementos en su contra.
La citación tomó por sorpresa a los oficiales, ya que fueron convocados con escasa anticipación. Según una fuente cercana a la causa, los comisarios manifestaron "desconocer el tenor de la investigación" y se negaron a ser interrogados. Adujeron que necesitaban asesorarse con sus abogados antes de prestar testimonio, pese a que el juzgado puso a disposición de ellos a un defensor general.
El próximo paso de la investigación será el análisis de la documentación secuestrada. En los libros policiales los investigadores buscarán datos sobre los procedimientos ordenados por cada repartición en materia de juego clandestino, prostitución e infracciones de agencias de autos.
También pretenden sondear en qué medida se obtuvieron resultados positivos o negativos, para dilucidar si hubo personas favorecidas por el accionar policial.
Las medidas ordenadas por Carbone son las primeras en brindar un verdadero impulso a la investigación -algo que los investigadores admiten en voz baja- ya que el expediente hasta ahora sólo cuenta con los testimonios de periodistas.
La investigación fue iniciada por la fiscal Rita Schiappa Pietra a raíz de una publicación de este diario que divulgó cómo funcionan las cajas negras de la policía.
El informe de La Capital detalló la forma en que comisarías y secciones de la Jefatura aportaban mensualmente a la autoridad montos fijos procedentes de sobrefacturaciones en compras a proveedores, cobro de servicios adicionales no prestados, cuotas de explotadores de juego clandestino, prostitución, contrabando y curanderismo, negocios con el combustible destinado a las patrullas, cobros indebidos de documentación personal y arreglos por documentación de vehículos.
Tres de los jefes policiales que ayer concurrieron a Tribunales fueron rotados en sus funciones el 25 de abril pasado por orden del interventor de la policía local, Ricardo Milicic. El ex responsable de Automotores, Daniel Barrile, es actualmente jefe de la subcomisaría 21ª. El comisario principal Héctor Santana, que estaba a cargo de Moralidad, ocupa la jefatura de la comisaría 13ª. Y el saliente jefe de Leyes Especiales, Ernesto Evangelisti, se desempeña como subjefe en la comisaría 6ª.
La Ciudad
