Santiago.- A cuatro meses del informe de las fuerzas armadas sobre el destino de 200 desaparecidos durante el régimen de Augusto Pinochet, los resultados son casi nulos y el gobierno y los militares intentan precisar la búsqueda. Como consecuencia de un trabajo de casi un año de una mesa de diálogo entre civiles y militares, las fuerzas armadas entregaron el 5 de enero un informe sobre el paradero de 200 detenidos desaparecidos, afirmando que 151 fueron lanzados al mar, ríos y lagos y 49 sepultados en fosas.
Sin embargo, hasta ahora sólo se ha logrado identificar plenamente un cadáver, el de un sindicalista detenido en 1976, enterrado al interior de un fuerte militar cercano a Santiago. También se cuenta con la identificación preliminar de otras dos personas, de diez restos humanos encontrados en una quebrada a 30 kilómetros de esta capital. Las críticas por los pobres resultados de las indagaciones recrudecieron luego del hallazgo e identificación del sindicalista Juan Luis Rivera, que según los militares había sido lanzado al mar.
Luego de ello el gobierno intensificó sus gestiones ante los militares para obtener información más precisa. "El ministro de Defensa está en contacto con los comandantes en jefe para ver el mecanismo y avanzar en esa dirección", dijo el portavoz oficial, Claudio Huepe.
Defensa oficial
El gobierno ha defendido a los militares, que han sido fustigados por entregar una información que contiene muchos errores, según abogados de derechos humanos y organizaciones de familiares de las víctimas. Y ha sostenido, como lo planteó el presidente Ricardo Lagos, que deben ser los tribunales los que determinen la veracidad de la información entregada.
Entre las inexactitudes que se citan están la de cuerpos arrojados al mar, mientras que las investigaciones judiciales difieren en cuanto a la fecha y el lugar de sus sepultaciones ilegales, que se encontrarían en fosas.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos determinó 27 casos en que la información oficial de los militares difiere de los antecedentes que ellos manejan. Esa organización calificó de "mentira" el informe castrense. Los jefes castrenses son contrarios a reeditar una mesa de diálogo con civiles, de la cual surgió el informe sobre el destino de 200 del millar de desaparecidos durante el régimen del general Augusto Pinochet.
Los militares sostienen que sus instituciones se limitaron a recoger la información aportada con el compromiso del secreto por algunos de sus efectivos comprometidos, pero que no cotejaron los antecedentes entregados. Ahora, tras el fracaso, están dispuestos a una revisión conjunta con el gobierno. El jefe del ejército, Ricardo Izurieta, manifestó el jueves que "en este momento falta un cotejo de la información entre los diferentes sectores, que es un proceso que se tiene que establecer ahora". En medios oficialistas también ha resurgido la idea de sancionar legalmente la omisión de antecedentes. Pero ello requeriría de una ley. El gobierno acogió, al buscar un mecanismo para cotejar los antecedentes militares, un planteamiento de la abogada Pamela Pereira, una activista de los derechos humanos que participó en la mesa de diálogo. "Eso podría dar muchas luces sobre cómo avanzar", dijo la abogada.
La Ciudad
