Los cuatro policías del Comando Radioeléctrico detenidos por la golpiza a la que fue sometido un preso en la comisaría 10ª -ante la presencia ocasional de un juez que denunció el hecho- fueron procesados por fraguar el acta de procedimientos que daba cuenta de ese arresto, mientras que uno de ellos irá a juicio como autor de la paliza propinada al detenido. Con el procesamiento de los agentes no se cierra el círculo de la investigación, ya que además se iniciará una causa contra el preso por lesionar a los policías, a la vez que investigará al personal de la 10ª por presunto encubrimiento.
Los policías Walter Amado, Federico Schrittels, Raúl Sorbello y Gustavo Sosa, fueron procesados por el delito de falsedad ideológica de documento público en el juzgado de Instrucción Nº 10, a cargo de Alfredo Ivaldi Artacho. Están acusados de haber asentado datos falsos en el acta al detener a un joven de 18 años, quien fue golpeado por uno de ellos en el interior de la comisaría 10ª.
El juez encontró responsable de ese castigo al agente Amado, a quien procesó por el delito de vejaciones agravadas (que se castiga con prisión de uno a cinco años). Inicialmente los policías fueron acusados de apremios ilegales, pero esta imputación no prosperó porque esa figura se aplica a agresiones con una finalidad coactiva, algo que al parecer no existió en el caso de la 10ª.
Testigo inesperado
El hecho ocurrió el 20 de febrero pasado en la comisaría de Darragueira 1156, en Alberdi, donde un joven denunció que en Machaín al 900 le habían robado una moto. Sus familiares vieron el vehículo en la zona norte y dieron aviso al Comando Radioeléctrico. Dos patrullas interceptaron al joven a bordo de la moto robada, quien logró escapar hasta una villa de Blas Parera y Unión. Allí le produjo a Amado dos cortes en el costado abdominal del tórax con un cuchillo. También le propinó una patada en la rodilla a Schrittels.
Al llegar a la sala de atención al público de la comisaría, uno de los agentes le propinó dos trompadas en el abdomen al detenido. El policía desconocía que en una oficina contigua realizaba un trámite personal el juez penal de Sentencia José María Casas, quien observó la golpiza. De inmediato se identificó como magistrado y exigió a los empleados que llamaran al juez de Instrucción en turno. Y desde allí contó a su colega lo que había presenciado.
Luego, en una rueda judicial, reconoció a Amado como el policía que agredió al preso. La investigación también constató que el acta de procedimientos registraba un dato falso: consignaba que el detenido intentó fugarse durante el procedimiento. El acta llevaba la firma de los cuatro imputados, quienes resultaron procesados por tergiversar un documento público.
En la misma resolución -que aún no está firme- el juez ordenó que un juzgado Correccional investigue al preso, Carlos Daniel Medina, por resistencia y lesiones a la autoridad. Medina ya había sido procesado por encubrimiento agravado en la causa por el robo de la moto.
Para el juez, el hecho de que Amado trasladara a Medina pese a que éste lo había lesionado indica una "falta de mecanismos funcionales inmediatos -y hasta obligatorios- para preservar al funcionario actuante". En estos incidentes, a su juicio, los policías deberían ser apartados de la custodia de sus agresores. "Estas previsiones orgánicas serían por demás aconsejables en unidades operativas y de choque", recomendó.
A partir de ahora se iniciará una segunda etapa en la causa, en la cual se investigará al personal que prestaba servicio en la comisaría 10ª en el momento del hecho. El fiscal Norberto Picca deberá individualizar a los agentes sospechados de alguna irregularidad, quienes podrían ser imputados de encubrimiento o incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.
La Ciudad
