La conmutación antes del 31

Isidoro Gilbert

Antes de fin de año el presidente Fernando de la Rúa conmutará penas a la mayoría de los integrantes del Movimiento Todos por la Patria que llevan 113 días de ayuno en dos hospitales civiles, reclamando que la Argentina cumpla con el requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que tengan el beneficio de la segunda instancia, dijo a La Capital una fuente gubernamental.
Así fue decidido, según se supo, en una reunión el último viernes por la tarde donde estuvieron con el presidente, el secretario general de la Presidencia, Horacio Jaunarena, el jefe del Gabinete, Crhystian Colombo, el titular de Justicia, Jorge de la Rúa, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y luego se incorporó el ministro del Interior, Federico Storani. En la agenda internacional, los derechos humanos están en un primer lugar y por eso hay que tomar esa decisión, comentó uno de los partícipes del encuentro. El número de ministros participantes y el sigilo del encuentro indican la trascendencia de lo abordado.
El presidente puede indultar o conmutar penas y sus ministros le aconsejaron este camino para no repetir el que adoptó Carlos Menem respecto a los responsables del terrorismo de Estado. De la Rúa sintió como un grave revés que la Suprema Corte en fallo dividido indicó que el tema no es judiciable, sino legislativo, con lo que devuelve la responsabilidad al Parlamento que debería abocarse al tema, dijo el vocero presidencial, Ricardo Ostuni. Pero no es ese el rumbo decidido.
La decisión adoptada no implicará la libertad inmediata de los presos y no alcanzará en ningún caso a Enrique Gorriarán Merlo y su esposa Ana María Sívori, a quienes la Corte les abrió el camino de la apelación, que no modificó las severas penas del tribunal de San Martín.
Las penas serán conmutadas, pero el forcejeo interno no concluyó. El criterio adoptado es que los presos deberían quedar en la cárcel todavía unos meses más que puede ser hasta un año. Pero mientras un sector del gobierno pretende reducirlo a no más de dos meses, el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, como cabeza del ala dura, sostiene que nada debe hacerse, porque sería un mal mensaje hacia las Fuezas Armadas.
Una fuente de Defensa le comentó a este diario que esa medida no afectará la disciplina militar pero sí el estado de ánimo de los oficiales y si algún juzgado los llama por los juicios por la Verdad, es probable que se nieguen a concurrir. Los juicios de la Verdad tienden a profundizar lo ocurrido en los años de plomo con relación a los desaparecidos.
Hay un temor en el gobierno y en entidades defensoras de derechos humanos y en sectores políticos: que alguna infección, muy común en los hospitales, provoque la muerte de alguno de los ayunantes. Los informes son de temer: Enrique Gorriarán Merlo, Roberto Felicetti, Miguel Angel Aguirre, Alberto Luis Díaz, Carlos Motto y Claudio Rodríguez, todos internados en el hospital Fernández, presentan desnutrición severa y su cuadro general es de una descompensación moderada a grave. Y Margarita Isabel Fernández, Beatriz Claudia Acosta, Ana María Sívori, Gustavo Mesatti, José Moreyra y Manuel Sergio Paz, se encuentran sin signos de descompensación.