Una empresa pidió en Tribunales el fin de un piquete

El conflicto gremial originado hace una semana en el Lavadero Virasoro, de Ovidio Lagos al 4600, tuvo una contundente muestra en los Tribunales provinciales. Unos cien trabajadores, junto al propietario de la firma, la jefa de personal y con el asesoramiento de un abogado penalista, se presentaron ayer en el edificio para pedir la liberación del acceso a la empresa, que permanece bloqueado por un grupo de sindicalistas y empleados que reclaman la reincorporación de un obrero despedido.

   “Estamos aquí para pedir el cese del estado antijurídico que se produce desde hace días con un grupo de personas que impide el ingreso de empleados y de los dueños. Estas personas lo único que quieren es trabajar”, remarcó el penalista Alejandro Sinópoli, asesor legal de la empresa, mientras esperaba ser atendido por el juez Correccional Daniel Acosta, quien investiga una serie de denuncias por amenazas coactivas.

   En rigor, desde que comenzó el conflicto hace poco más de una semana, varios empleados realizaron denuncias en la seccional 18ª por intimidaciones efectuadas por el grupo que se instaló en el ingreso a la empresa. De acuerdo a los días en que fueron presentadas, las denuncias recayeron en el juzgado de Acosta, quien entendió que debería intervenir un juez de Instrucción, en este caso Eduardo Suárez Romero, porque se trataba de un delito grave.

   La cuestión quedó inmersa en un conflicto de competencia, porque Suárez Romero se declaró incompetente y la fiscal Lucía Araoz, en desacuerdo con esa decisión, presentó una apelación. Ahora deberá definir la Cámara de Apelaciones en lo Penal, pero ayer fue el último día hábil antes de la feria. Por lo tanto, el único recurso que queda es que la Fiscalía solicite la apertura de feria para que se trate de urgencia la situación.



No pasarás. Otro grupo de empleados denunció el lunes que les fue impedido el ingreso a la planta por el piquete que se instaló en el ingreso de la empresa. Esa denuncia recayó en el juzgado Correccional de Georgina Depetris, quien ayer decidió acumularla en el tribunal de Acosta.

   “Con la empresa parada, perdemos todos. Ya perdimos los premios por presentismo. Los que impiden el ingreso no son de nuestro sindicato. No dejaron entrar ni a los dueños y por eso no se pudieran liquidar los sueldos”, sostuvo uno de los empleados. La llegada del grupo causó un revuelo.

   Los empleados coparon el pasillo de las Fiscalías y se ubicaron pacíficamente durante varios minutos frente el juzgado de Depetris. Se fueron con la novedad de que la última denuncia se acumularía en el despacho de Acosta. “Ante esta situación presentamos un pedido de cese de estado antijurídico y que la empresa vuelva a funcionar, porque eso es lo que quieren la mayoría de los trabajadores, como quedó plasmado hoy (por ayer)”, remarcó Sinópoli.