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miércoles,
21 de
marzo de
2007 |
ATE convoca a un paro por un sueldo de $2.800
Mañana habrá 24 horas de paro en el ámbito provincial. La jornada de protesta lanzada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) promete un dispar acatamiento en las esferas de la Salud, Educación, Gobierno y Promoción Comunitaria de la provincia. El gremio exige un salario mínimo de 2.800 pesos, el 82 por ciento móvil para los jubilados y el pase a planta permanente de unos 7 mil trabajadores en negro. Además de la huelga, habrá una movilización, a las 11, frente a la sede local de Gobernación.
En la cartera educativa se plegarán unos 600 afiliados rosarinos a ATE que se desempeñan en comedores escolares, portería y personal no docente administrativo. La decisión implicará la distribución en las escuelas de raciones de emergencia.
En el caso de la salud, unos 400 trabajadores del gremio en Rosario se sumarán a la huelga en los hospitales del Centenario, Provincial, Eva Perón, Geriátrico y la colonia de Oliveros.
También la medida replicará en esferas del Ministerio de Gobierno, como el Instituto del Menor, Casa Joven, Irar y Casa del Adolescente. En el área del menor son más de 150 afiliados.
Por su parte, el sector de unos 180 profesionales que se desempeñan en hospitales municipales también adherirán a la huelga.
Entre otras reivindicaciones, ATE exige la firma de un convenio colectivo de trabajo con la provincia, marco jurídico que permitiría eliminar los contratos temporarios y el trabajo irregular. "Tenemos los sueldos más bajos del país, lo que desfinancia la caja. Por eso exigimos la creación del escalafón para que la gente cuente con una carrera administrativa", argumentó el titular del sindicato, Jorge Acedo.
En el pliego reivindicativo figura la implementación para toda la planta de estatales de un haber mínimo vital y móvil de entre 2.300 a 2.800 pesos para un grupo familiar de dos adultos con dos hijos en edad escolar. Y de 1.800 para los empleados solteros.
El integrante de la mesa directiva de ATE, Gustavo Martínez, consideró que "resulta más legal un paro por un salario digno que la veintena de mecanismos que ha implementado el gobierno para negrear a sus empleados".
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