Tabaré rompe con los sindicatos por el aumento de las tomas de fábricas

Montevideo. - El gobierno del presidente socialista Tabaré Vázquez denunció la extendida práctica sindical de las tomas de fábricas, en un gesto de ruptura con los sindicatos, unos de sus principales aliados hasta ahora. El gobierno uruguayo anunció que está dispuesto a terminar con la "anarquía" sindical, que ha desembocado en numerosas ocupaciones de empresas, advirtió el director nacional de Trabajo, Julio Baraibar.

La reacción oficial tuvo lugar después que una empresa metalúrgica local vio rescindir su contrato con la empresa de celulosa Botnia -la misma que provocó el conflicto con Argentina-, luego que dirigentes sindicales reclamaron 1.800 pesos (75 dólares) diarios de viáticos para trabajar en la planta en construcción en Fray Bentos. Aparentemente, Botnia contrató a una empresa metalúrgica austríaca que utilizaría 110 obreros brasileños, según las informaciones.

La central obrera, dominada por la izquierda, considera las ocupaciones una extensión del derecho de huelga, lo cual es rechazado por los empresarios y la dirigencia política. Históricamente, el sindicalismo uruguayo fue aliado del Frente Amplio, hoy en el gobierno.

"Existen sindicalistas que creen que esto es una anarquía donde cada uno hace lo que le parece. Se han formado sindicatos que resuelven de hecho que tal obrero no trabaja más y sólo hace tareas sindicales. Que revisan cuales son los productos que entran a los camiones. O que, sin consultar, hacen asambleas con todo el personal de la fábrica a la hora que se les antoja", detalló Baraibar a la prensa.

Baraibar reconoció que hubo "grandes pérdidas" por estas prácticas. "No vale todo. Esas situaciones deben resolverse. El sindicato no puede tomar el comando de una fábrica, hay una confusión de roles". Desde marzo la textil "Dancotex" está bajo "control sindical" y la situación llegó a los estrados judiciales. Hay otras fábricas, como la de los cierres metálicos "Zip", que fue ocupada por un grupo de trabajadores.

El diputado Pablo Iturralde, del Partido Nacional, de oposición, responsabilizó al gobierno por el desencadenamiento de esta situación ya que eliminó una antigua disposición oficial que permitía el desalojo policial de empresas ocupadas sin haber previamente negociado un acuerdo con el sindicato. Iturralde dijo que el clima "está enrarecido" y que en la propia coalición Frente Amplio, en el gobierno "se levantan voces por la alta conflictividad". (AP)