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 miércoles, 02 de agosto de 2006  
Jubilados discriminados

Comenzamos esta nota con un título por demás sugestivo ya que los docentes nacionales jubilados nos sentimos discriminados económicamente y agredidos psíquicamente. Esta sensación se debe a la aplicación de distintas leyes jubilatorias; la más nefasta, la ley 24.241 de la década del 90, originó una marcada desigualdad en los haberes jubilatorios que perciben los docentes nacionales jubilados con los mismos cargos u horas de cátedra. En el 2005, el gobierno nacional emite el decreto 137/05 (suplemento especial para docentes) que establece el pago del 82% no móvil. Con este decreto se intenta poner cierta uniformidad en los sueldos de los jubilados docentes, pero hemos caído en la burocracia de siempre, ya que cuando íbamos a presentar las planillas para el cobro del suplemento docente en la Ansés de Rosario, el trámite se veía demorado por falta de normativas. La provincia de Santa Fe se negaba a firmar las certificaciones con nuestra situación de revista hasta el momento de jubilarnos, ya que habíamos sido transferidos a partir de 1993, y tuvimos que hacerlo en Buenos Aires. Presentamos los formularios mencionados debidamente certificados en Capital Federal, y en la Ansés los rechazaron porque debía ser la provincia la que certificara nuestra situación y el último sueldo al momento de jubilarnos. Posteriormente la provincia aceptó certificar las planillas, pero esto no nos beneficia para nada; al contrario, nos perjudica económicamente. El haber que establece la Nación para el cargo testigo de maestro es de $660 más una actualización del 13,91%, en cambio la provincia certifica $547 sin ningún ajuste o actualización a pesar de que los aportes jubilatorios realizados corresponden a un sueldo aproximadamente de $660. Por lo expuesto, solicitamos que se efectúen las acciones necesarias para que los sueldos de los docentes nacionales jubilados sean uniformes en todo el país de acuerdo con la función desarrollada. Parece que para ciertos jubilados no existen derechos constitucionales y tampoco derechos humanos.

Haydee Del Villar, Héctor I. Domínguez, Ernesto Palazzolo, Humberto Pascutto, y siguen las firmas
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