Al gobernador de Santa Fe

Somos empleados provinciales en planta permanente y hace 10 años que pasamos a prestar servicio en la API en calidad de adscriptos. Con un trámite simple estaríamos dentro de la estructura funcional y escalafonaria de esta administración. Sin embargo, parece que la voluntad de algunos nos priva del Estado de derecho que nos asiste como ciudadanos y empleados públicos. Cinco expedientes, cuatro administradores, diez años, y la violencia psicológica y laboral continúan a pesar de toda nuestra insistencia en que regularicen nuestra estabilidad y permanencia. ¿Qué más hay que hacer para que se cumpla la legislación laboral? ¿A quién hay que recurrir y a quién hay que hablar?

Carlos Alberto Guris, DNI 14.160.455