Una empresa estatal vuelve a administrar el agua

Hoy se completa la salida del concesionario francés y el traspaso del servicio a la flamante compañía provincial

El agua potable que consumen los rosarinos y los habitantes de otras 14 ciudades de la provincia vuelve a ser administrada desde hoy por el Estado provincial. En la fecha comienza formalmente sus actividades la empresa Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa), en reemplazo de la privada Aguas Provinciales de Santa Fe, que ayer se fue de manera efectiva del servicio. Assa carga con el fantasma de la vapuleada, durante su disolución en 1995, Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos).

Haciendo equilibrio entre la oposición política -que disiente con el modelo de estatización con venta de acciones a los municipios afectados, y que vaticinó aumentos tarifarios de hasta un 50 por ciento- y el malestar generado entre la población por la falta de obras y la mala calidad del servicio en situaciones críticas, las autoridades llevarán a cabo hoy el acto de traspaso.

Más modesto y menos concurrido que la transferencia de 1995, hoy, a las 9, en las oficinas centrales de Ituzaingó al 1500, en la ciudad de Santa Fe, se realizará el acto por el cual Aguas Provinciales hará entrega formal a sus sucesores de Assa de las instalaciones y la responsabilidad de la prestación del servicio.

No está previsto que concurran autoridades políticas y la ceremonia consistirá en la firma de un acta de recepción provisoria. Estarán el gerente liquidador de Aguas Provinciales, Alberto Gregorini, los ejecutivos de Assa y los directores del Entre Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).

La falta de bombos y platillos tiene por objetivo, dicen en la Casa Gris, que el recambio pase desapercibido para la mayoría de los hogares, y que los usuarios hagan una recepción benévola, o por lo menos indiferente, del traspaso.

Según se informó oficialmente en los últimos días, Assa debutará con un plan de trabajos estimado en 160 millones de pesos y sin aumentos de tarifas, pero con un cargo por obras que llegaría al 35 por ciento.

Para explicar la diferencia entre una y otra cosa, el ministro del área, Alberto Hammerly: "Habrá un cargo para realizar las obras. No debemos asustar a la gente, no habrá ni el 35 ni el 45 por ciento de aumento como por ahí trata de mezclar una legisladora (en alusión a la radical Mónica Tomei). Es un cargo para obras con el objetivo de formar un fondo fiduciario que se pondrá en marcha recién cuando se estén llevando adelante los trabajos".

Aunque sin que mediara confirmación formal, se había dado por hecho que un aumento tarifario del orden del 35 por ciento iba a ser aplicado a partir del 1º de marzo. Esa presunción parecía desprenderse, tanto de la última oferta que el gobierno efectuara a Aguas Provinciales cuanto todavía intentaba salvar la concesión, como de algunas expresiones de funcionarios ante legisladores y la prensa. Si esa era la idea, ahora fue ratificada por Hammerly, al precisar que recién se tendrá en cuenta "cuando se ponga en práctica la ejecución de las obras que se financien mediante un fondo fiduciario específico".