Un dictamen que critica la composición de Assa

El mismo día que el gobernador Jorge Obeid firmaba la rescisión contractual con Aguas Provinciales de Santa Fe, el intendente Miguel Lifschitz recibió en su despacho un dictamen interno, elaborado por los asesores legales del Ejecutivo local, fundamentando la inconveniencia de participar en la compra de acciones de Aguas de Santa Fe, la sociedad anónima que se hará cargo del servicio a partir del miércoles.

Si bien Lifschitz aseguró el viernes que se tomará hasta el 15 de marzo para definir si se integra a la empresa estatal, supeditó esta decisión a conocer el volumen de inversión, el listado de obras pendientes y la necesidad de ampliar la participación de las entidades intermedias y los municipios en las decisiones de la compañía estatal.

Por lo pronto, el dossier fechado el 31 de enero pasado y remitido al intendente plantea casi un decálogo de objeciones al futuro del servicio, en manos de una empresa manejada mayoritariamente por el Estado provincial.

Justamente, en primer término se recuerda que la sociedad anónima está conformada por el 51 por ciento de las acciones correspondientes a la provincia, el 39 por ciento para los municipios y el 10 por ciento para el programa de propiedad participada.

Allí se cuestiona la conformación del directorio de Assa (tres por la provincia, uno por los municipios y otro por el personal), se pone en tela de juicio el doble voto del presidente y la minoritaria participación de los municipios en el órgano de control. "La provincia mantiene mayoría de capital, mayoría en el directorio y mayoría en la sindicatura", cuestiona el dictamen.

En otro orden, se plantean interrogantes -ya que Assa se adjudica en el marco de la ley 11.220- qué ocurrirá con los pasivos que deja la concesionaria. Por último, hace referencia al artículo 23 inciso C del estatuto de Assa, donde se indica que "es facultad del directorio la contratación del operador técnico, elección que se logra con tres votos, entre ellos los del presidente. Vale decir que en la decisión más trascendente, los municipios quedan a un lado", finaliza el análisis jurídico.