Demora. El Colegio de Abogados expresó su preocupación y pidió que el problema se resuelva con urgencia

El Registro de la Propiedad tiene más de 20 mil documentos pendientes

Un ejemplo: al menos dos mil gravámenes ingresados en octubre esperaban turno a mediados de enero

Un atasco de casi veinte mil documentos en el Registro de la Propiedad provocó el malhumor de los abogados, cansados de soportar las quejas y reproches de sus clientes por la larga espera a la que se ven forzados. Declaratorias de herederos, embargos, constitución de bienes de familia son parte de la variada gama de asuntos estancados que provocan malestar y hasta perjuicios económicos. Según entienden en el colegio profesional que los agrupa, la situación ha llegado a un punto tal que ya afecta directamente el ejercicio de la profesión.

Las cifras que provocan la preocupación son elocuentes. Más de dos mil gravámenes, como por ejemplo embargos e hipotecas, ingresados al Registro en octubre del año pasado, aguardaban turno a mediados de enero para ser inscriptos, un paso indispensable para la plena vigencia de los derechos que surgen de ellos. A la misma fecha, las declaratorias de herederos pendientes de inscripción sumaban 648, un número que implica que otras tantas sucesiones por fallecimiento no pueden seguir adelante. Por entonces, además, era de 1238 la cantidad de bienes de familia en espera de registración, lo cual implica igual número de propietarios que no terminan de conseguir que su vivienda quede definitivamente fuera de los avatares del comercio, con su consecuente riesgo de embargo o remate.

Los anteriores son meros ejemplos. Contabilizando todas las secciones del Registro, incluso aquellas que prácticamente no funcionan por falta de la instrumentación tecnológica adecuada, como el llamado "folio real", eran 20.344 los documentos que esperaban turno al 16 de enero del corriente año (ver infografía).


"Hay que resolverlo ya"
A juzgar por el atraso actual, el sistema no está cumpliendo -según los abogados- la finalidad para la cual fue creado: mejorar el funcionamiento del Registro con la colaboración financiera y técnica del Colegio de Escribanos. El presidente de la entidad profesional que agrupa a los abogados, Arturo Araujo, que asumió sus funciones en diciembre último, expresó a La Capital que el problema requiere "urgente solución. Esto no admite dilación: no es algo que pueda seguir esperando meses, años... hay que resolverlo ya", enfatizó. Y exhortó a los responsables del sistema, incluido el gobierno provincial, a ponerse a trabajar prontamente para buscar las soluciones.

Para Araujo, es necesario "constituir una suerte de mesa de trabajo con todos los actores: el Ministerio de Gobierno, el Colegio de Escribanos, el gremio de los trabajadores del Registro. Y no puede faltar nuestra propia representación, ya que una parte fundamental de los documentos que ingresan al Registro proviene del ámbito judicial y su tramitación es responsabilidad de los abogados".

A propósito, la ley convenio establece la participación de los colegios de abogados y procuradores en la elaboración anual del presupuesto, previsión de gastos e inversiones, así como en el plan de trabajo del Registro, una atribución que -cree Araujo- el colegio que preside debe asumir plenamente. Y va más allá: "Es preciso que los abogados tengamos mayor injerencia en la administración del Registro".

El vicepresidente del directorio de los letrados, César Abbate, pone el acento en la inseguridad jurídica que representa la morosidad registral. "El transcurso del tiempo sin el perfeccionamiento de la instancia de la inscripción puede generar un sinnúmero de inconvenientes y colisión de derechos. Sería el caso, por ejemplo, de que mientras un embargo espera turno se transfiera el dominio de la propiedad embargada. El embargo es para inhibir la transferencia, pero si se le da prioridad a ésta, aquél no cumple su función. En este aspecto hay asimetrías entre la prioridad que se les asigna a los trámites notariales y los judiciales, en perjuicio de estos últimos. Es algo que debe corregirse, ya que casi la mitad o poco menos de los documentos que se inscriben es de origen judicial".

La estadística del movimiento del Registro en los últimos años corrobora la creciente relevancia de los documentos judiciales en comparación con los notariales, sin llegar a superarlos. En 1998 -siete años atrás- el 65 por ciento de los documentos eran notariales y el 35 restante judiciales. En 2005, los notariales bajaron al 58 por ciento y los judiciales crecieron hasta el 42 (ver infografía).

Y según los testimonios de los abogados, son los documentos judiciales los que padecen el grado mayor de atraso, situación que genera la desazón y hasta el enojo de sus clientes. "No queremos ni ponernos a pensar en qué puede derivar esto si no le encontramos pronta solución, pero si no se hacen los ajustes necesarios todo empeorará y se instalará la suspicacia", dice Abbate. "Es mejor evitarlo, actuando ahora, pero no depende sólo de nosotros", remata Araujo, dejando la pelota en el campo de los notarios y el gobierno.