Funcionará en el ámbito del Estado hasta que Obeid termine su gestión

Ya se conformó Aguas Santafesinas SA

La empresa provincial Assa comenzará a hacerse cargo del servicio sanitario a partir del 1º de febrero

El gobernador Jorge Obeid firmó ayer el decreto que constituyó Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa). La nueva empresa del Estado se hará cargo del servicio sanitario de agua potable y cloacas en las principales ciudades de la provincia -luego de la disolución de la concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe- desde el 1º de febrero próximo, al menos, hasta que termine la actual gestión gubernamental.

Según pudo saber La Capital, Soledad Bellotti, Eduardo Luzzi y Juan Carlos Venesia (quien actuaría como presidente) serían los tres integrantes ha nombrar por el Ejecutivo en el directorio de la flamante firma estatal, que tendrá un capital social de 100 millones de pesos y además contará con otros dos directores (uno por los municipios y otro en representación de los trabajadores).

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly, había confirmado anteayer que la nueva sociedad se pondría en marcha el 1º de febrero y que para esa fecha ya estaría conformada la transferencia de acciones y concretada la recepción formal de los bienes de la empresa de servicios sanitarios.

Asimismo, el funcionario consignó que el período de transición será muy breve, y estará a cargo el titular del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), José Kerz, y el designado liquidador de Aguas, Alberto Gregorini, quienes llevarán adelante este proceso que se extenderá hasta fines de enero, y hasta tanto la disolución de Aguas Provinciales y la constitución de la sociedad estatal ASSA queden inscriptas ante el Registro Público de Comercio.


Las acciones
El decreto 0196/06 establece que, durante la actual gestión (hasta diciembre de 2007), la mayoría accionaria quedará en manos de Estado, aunque el artículo octavo faculta al próximo gobierno a decidir el modelo definitivo de prestación de los servicios sanitarios.

Las acciones corresponderán en un 90 por ciento a la provincia de Santa Fe (divididas en clase A, el 51 por ciento, y clase B, el 39 por ciento) y en un diez (clase C) a los trabajadores que actualmente integran la planta permanente de Aguas, de acuerdo al programa de participación accionaria que se instrumente (llamado Programa de Propiedad Participada, PPP).

Las acciones clase B, de la provincia, podrán transferirse a los 15 municipios donde hoy se presta el servicio de Aguas, es decir Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez.

En los considerandos de la medida dictada ayer, se expresó que "la relación contractual con la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe ha entrado en un estadio de máxima conflictividad".

Y se recordó que "en fecha 13 de enero de 2006 la Asamblea de Accionistas" de la firma resolvió "la disolución anticipada de la sociedad", por lo que "si bien, las áreas competentes se encuentran analizando dicho comportamiento, resulta necesario y con carácter preventivo preparar los instrumentos jurídicos y legales que permitan a la provincia asegurar la continuidad de prestación del servicio de configurarse el abandono del mismo".

El decreto hizo notar que "atento a la urgencia que surge de la eventual ruptura de la relación contractual y a las características del Servicio a prestar, es indispensable que la gestión a realizar", se efectivice con instrumentos y normas "similares con que los que hoy la realiza el concesionario, para evitar inconvenientes por la interrupción y cambio de las rutinas de gestión actualmente en uso, tanto para los empleados de la concesionaria como para los usuarios del servicio".

Luego de otras consideraciones, el gobierno argumentó que "para garantizar que al momento de tomarse las decisiones que resulten definitivas, convalidando el sistema instaurado o reformándolo, el Estado cuente con un informe pormenorizado de situación". En efecto, se determinó como conveniente que se realice "un informe semestral de las condiciones de la prestación del servicio y demás datos que resulten relevantes, y un informe resumen que pueda ser evaluado por las próximas autoridades constitucionales". Será el próximo gobierno, entonces, el que facultado para ratificar el modelo estatal o reprivatizar la prestación.

El decreto faculta al próximo gobierno a elegir el modelo de la prestación