Historias

Aguas que no has de beber

En tiempos en que gobiernos proclamados progresistas encaran polémicas negociaciones con los prestadores de servicios públicos, como el caso del agua, no está demás recordar que fue el gobierno conservador de Carlos Pellegrini, el que realizó la primera nacionalización del sistema de saneamiento.

Pellegrini rescindió el contrato de la "Buenos Aires Water Suply", la empresa encargada del servicio de provisión de agua y saneamiento en la ciudad de Buenos Aires, cuya concesión se truncó con la crisis del 90. Por ley nacional se creó en 1892 la Comisión de Obras de Salubridad.

El saneamiento ambiental no había sido una prioridad durante la época del Virreinato del Río de la Plata, más allá de algunas obras puntuales, y recién en 1821, con el famoso empréstito obtenido por el gobierno de Bernardino Rivadavia, se elaboraron los primeros planes oficiales relacionados con la provisión de agua corriente.

Pero según relata una memoria basada en el expediente de cierre de Obras Sanitarias de la Nación, fue la aparición de una epidemia en 1867, que diezmó la población, la que impulsó la urgente realización de una infraestructura olvidada: la del saneamiento. En 1869 se habilitaron los primeros servicios de abastecimiento de agua potable y desagües en Buenos Aires y luego se llevaron en la primera década del siglo XX los mismos servicios a las capitales de provincias y a la mayor parte de las ciudades urbanas del interior del país. En el año 1909 se elaboró el primer plan nacional de saneamiento y en 1912 se creó un organismo denominado "Obras sanitarias de la Nación", destinado al estudio, construcción y administración de obras destinadas a la provisión de agua potable para uso doméstico "en las ciudades, pueblos y colonias de la Nación". Se estableció a partir de ese momento "una verdadera escuela de ingeniería sanitaria, que alcanzó su máximo desarrollo en el año 1940, convirtiéndose en líder en América Latina".

Por la insuficiencia de medios financieros, la prestación del servicio en las provincias estuvo a cargo del gobierno nacional. En el año 1910 ya 14 capitales de Provincia contaban con servicios públicos de provisión de agua y 4 de ellas tenían desagües cloacales.

Este desarrollo fue generado por un Estado con potencial económico por el auge agropecuario que sostenía la obra pública y la inversión, lanzada de pleno a la actividad económica.

En el año 1949, mediante la ley 13.577, se dictó la ley orgánica de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. Al promediar esta década se planteó la necesidad de encarar en forma integral el saneamiento básico, la falta de autarquía conspiró contra esto.

El período 1950-1970 marcó un declive en los niveles de expansión y, al mismo tiempo, un deterioro de la operación y el mantenimiento de los servicios que se venían prestando. Por tal razón, se intentó paliar la situación y la población asumió gran parte del costo de las redes de distribución instaladas.

El 27 de abril de 1973, por ley 20.324, se convirtió la vieja administración general en Obras Sanitarias de la Nación, una empresa estatal. En 1980 se produjo la provincialización de los servicios de provisión de agua y desagües prestados hasta entonces por esta empresa. En el año 1990 se dictó el decreto por el cual se dispuso la concesión de los servicios, abriendo una historia privatizadora que todavía no se cerró.