Nueva etapa. Un análisis sobre el presente y futuro del servicio

Agua y cloacas: volver a las fuentes

La posibilidad de recuperar la empresa a manos del Estado es una alternativa digna de discusión y debate

La decisión del grupo mayoritario de accionistas de Aguas Provinciales de Santa Fe de disolver la empresa por pérdida de capital, que deja un cono de sombras sobre el futuro de las prestaciones del servicio en 15 ciudades de la provincia, vuelve a poner en el centro de la escena la posibilidad de analizar sin urgencias pero con medular premura las alternativas de superación a tanto yerro a todas luces previsible.

Quizás sea tiempo de debatir la idea de una vuelta total al monopolio del Estado en el tema, ya sea en cuanto a la administración de los recursos como a la capacidad de gestionar en forma autónoma la empresa.

Desde estas coordenadas hasta es posible analizar la viabilidad de una reestatización definitiva, al menos hasta tanto se genere un marco que permita una nueva licitación donde se apunte a evitar los vicios que terminaron desencadenando situaciones como la que nos toca abordar.

Después de nueve años, quedó en letra muerta el espíritu de lo que impulsó la transferencia al sector privado de este preciado recurso público.

Una serie de compromisos formales y declarativos fogonearon la privatización del servicio de agua y cloacas en la provincia de Santa Fe. La protección de las obras existentes, la proyección de nueva ingeniería para aumentar la cobertura ciudadana, la ayuda a poblaciones vulnerables, limitar la contaminación y trabajar en forma mancomunada con la población para lograr rentabilidad respetando las aspiraciones de vastos sectores sociales fueron el norte coloquial que impulsó la nueva idea.

El impacto social, económico, político y hasta medioambiental que ha tenido esta privatización ha dejado en evidencia que los vecinos no tienen ninguna garantía de que estas corporaciones sean más responsables en sus prácticas de lo que fue la más deficitaria de las experiencias estatales. Tiempo valioso se perdió en el reclamo y la amenaza de sanción por las obras que nunca se realizaron, en los medidores que no se colocaron, los trabajos de infraestructura y los establecimientos especialmente acondicionados para el tratamiento de efluentes que jamás se cumplimentaron.

Muy por el contrario, a la luz de los informes presentados por legisladores provinciales que vienen denunciando la situación desde hace años, Aguas sobrefacturó sus servicios desde el 28 de abril del 1999 un 13,85% por obras que jamás tuvieron lugar.


Reclamos, incumplimientos y olvidos
Como bien señala Alberto Muñoz, integrante de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, "el gobierno provincial justifica su decisión en el chantaje que representan los juicios en el Ciadi iniciados por la empresa con motivo de la devaluación, pero en este sentido hay que aclarar varios puntos".

A saber, el especialista indica que "las tarifas del contrato de Aguas Provinciales de Santa Fe son en pesos y nunca se dolarizaron como otros servicios". Recuerda además que Aguas "renunció contractualmente a litigar en cualquier otro tribunal que no sea el de la Provincia de Santa Fe" y que "el único ítem del contrato que estaba en dólares era el régimen de garantías y la empresa pidió su pesificación por lo tanto no puede querer dolarizar la tarifa".

"La decisión de endeudarse en el exterior tomada exclusivamente por la empresa entra dentro del principio de riesgo empresario que rige el contrato", añade pertinente Muñoz, para consignar que "los reiterados incumplimientos contractuales están debidamente comprobados ya que la empresa se retira sin haberlos cumplido y todas las actas de renegociación postergan los compromisos pero ninguna la autoriza a no realizarlos".

Otro antecedente que rescata este miembro fundacional de la Apda señala que "los compromisos de inversión que la empresa fijó en el BID para gestionar y conseguir créditos en los años 1996 y 1997 por 30 y 55 millones de dólares, no fueron cumplidos", y que además "la venta del paquete accionario del grupo Suez-Agbar-Interaguas, el 77,5% de Aguas Provinciales a un tercero, no garantiza la finalización de los reclamos que pueden ser continuados por el conjunto del consorcio o por alguna de las partes".


Cuando Estado no es mala palabra
Una de las ideas fuerza que con mayor impulso fue impuesta en el imaginario social en la década de los 90 fue aquella que unió al Estado, en sus versiones nacional, provincial y municipal con la ineficiencia y la abulia comercial.

A la hora de trazar una comparación posible con el traumático proceso de Aguas, sólo es cuestión de retomar lo sucedido por aquellos años en Entre Ríos con su empresa de la energía, Edeersa.

Después de una crisis generada por los licenciatarios del servicio con idénticas características a la que hoy implosionó en Santa Fe, el Estado entrerriano optó por reestatizarla. El secretario de Energía de Entre Ríos y actual titular de la estatal y potente Enersa, Carlos Molina, se encarga de remarcar en forma continua y sistemática que "una empresa puede ser estatal y exitosa".

Con sensatez, Molina definió a esta experiencia como "ejemplificadora de que otro camino es posible", y que además de exhibir indicadores económicos exitosos se permite pensar en la base social, la gente. "Vamos a implementar el plan de tarifa social y le pediremos a los intendentes que no apliquen la tasa municipal a los beneficiarios del mismo", mencionó. En cuanto al plan, detalló que "será para aquellos que están regularizados y les cuesta abonar la factura de luz, como por ejemplo las jubiladas amas de casa que cuentan con ese solo ingreso".

Para muchos analistas, esto sólo es posible a partir de una vuelta del servicio al área del Estado. Molina lo tiene claro y subraya que "para los que nunca han tenido un medidor o no blanquearon su situación, vamos a implementar el programa de inclusión al consumo eléctrico. Tenemos planes para seguir creciendo, sólo necesitamos tiempo para volcar y planificar las inversiones".


Riesgos de sumar improvisados
Hasta el momento trascendió que el gobierno de Jorge Obeid se dispone a constituir una sociedad anónima de mayoría estatal para administrar el servicio al menos durante un año. El nombre de la nueva sociedad sería Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa). Pero también existe la posibilidad de conformar una empresa con mayoría estatal asistida por un socio minoritario pero con peso en las decisiones.

Causó escozor en algunos en ámbitos legislativos, políticos y comerciales la posibilidad de que ese lugar pidiera ser ocupado por el conglomerado conformado por Cerámicas Alberdi y el Banco de Galicia. Fundamentalmente porque no son operadores técnicos idóneos, ni tienen una trayectoria avalada por logros, ni siquiera una competencia específica para llevar adelante el servicio. Voceros cercanos al titular del Poder Ejecutivo provincial dejaron trascender que Alberdi Aguas sería descartada por completo como candidata a cubrir en forma provisoria, al menos, la vacancia del servicio.


Final abierto pero con seriedad
Ya sea que el gobierno opte por poner en marcha una empresa provincial o genere un marco para una posterior reprivatización, lo que tiene que primar es la seriedad. Hay sobradas muestras de que lo estatal, cuando lo que se potencia es el trabajo riguroso y la idoneidad en la toma de decisiones, puede ser un claro ejemplo de éxito.

La reestatización del servicio de electricidad en Entre Ríos es la clara muestra de ello. Lo que no debe repetirse más es la experiencia de Aguas, en cuanto al antecedente de perjuicio sobre la comunidad y el patrimonio social, y mucho menos abrir la puerta a operadores improvisados, aunque más no fuere durante un tiempo perentorio, ya que lo único que se lograría sería ahondar aún más la crisis actual.