Diputados discute el traspaso de Aguas Provinciales

Santa Fe- La Cámara de Diputados de Santa Fe comenzó a analizar este mediodía el proyecto de ley que deja en manos del Poder Ejecutivo la posibilidad de traspasar el poder accionario de la empresa Aguas Provinciales al grupo Alberdi.

La semana pasada el proyecto fue aprobado, sobre tablas, por el Senado santafesino, luego que el ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly, concurriera a la legislatura a explicar la iniciativa a los integrantes del bloque oficialista, tras la decisión del grupo Suez de retirarse de la concesión de Aguas Provinciales.

La sesión comenzó unos minutos después de las 11.30, con la exposición alternada de diputados oficialistas y opositores que dejaron en claro la existencia de posturas antagónicas en el recinto.

En caso de aprobarse el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo santafesino, fuentes gubernamentales indicaron que el grupo Alberdi Aguas y Passavant España -como operadora-, quienes ya presentaron sus antecedentes al gobierno y establecieron un modelo de contrato de prestación de servicios, son las que cuentan con grandes posibilidades de hacerse cargo del servicio.

El expediente del Ministerio de Obras Públicas con toda la información técnica propuesta por el grupo Alberdi, permite establecer que la Sociedad Alberdi Aguas S.A se constituyó como tal el 30 de setiembre pasado, antes de la aparición de otro interesado: el denominado Grupo Taselli, que no pudo juntar los requisitos técnicos necesarios para constituirse con posible

comprador de las acciones del Grupo Suez.

La Sociedad Alberdi Aguas S.A está integrada por dos accionistas mayoritarios: Martín Angel Rappallini y Enrique Gatti, ambos domiciliados en la ciudad de Buenos Aires.

Previo al tratamiento que se realiza en la Cámara de Diputados para autorizar al Poder Ejecutivo a negociar el futuro de Aguas Provinciales, organizaciones no gubernamentales, autoridades municipales y legisladores participaron ayer de una asamblea pública que trató la reprivatización del servicio de provisión de

agua potable y colección de líquidos cloacales.

En tal sentido, todas las partes convinieron en rechazar el proceso reprivatizador iniciado por el Poder Ejecutivo y ratificado, a libro cerrado, por el oficialismo en la Cámara de Senadores. (Télam)