EDITORIAL

Impuestos e injusticia

La recuperación económica argentina constituye un hecho indiscutible. Pese a las dudas y hasta el resquemor que inspiran ciertos comportamientos políticos observables en la misma cima del poder, si el éxito de una gestión presidencial se midiera sólo por los números, el resultado de esa evaluación no podría traer aparejado en el presente un saldo negativo. Sin embargo -y más allá del tan inocultable como peligroso enemigo en que se ha erigido la inflación-, para que la reactivación fuera un hecho se ha apelado y se continúa apelando a herramientas que en determinados casos se yerguen como flagrantes injusticias con diversos sectores de la población. Dos de las más notorias pasan por los bajísimos montos que poseen en la actualidad los mínimos no sujetos a imposición de dos tributos clave, cuales son el impuesto a las ganancias y el que grava los bienes personales.

El núcleo de la injusticia es de índole conceptual: deberían quedar afuera de la imposición las rentas destinadas a la mera subsistencia, así como aquellos patrimonios personales que no entreguen señales de riqueza. Resulta obvio que las cifras que rigen en la actualidad distan de resultar adecuadas si es la ecuanimidad aquello que se persigue: debería recordarse que entre febrero de 2002 y marzo de 2005 el valor de la canasta familiar creció un 55 por ciento y el mínimo imponible lo hizo sólo un nueve.

El monto mínimo para abonar bienes personales, 102 mil pesos, se ha tornado también poco realista si se piensa en el enorme incremento -tan vinculado con la mencionada recuperación económica- que ha sufrido el precio de los bienes muebles e inmuebles. Alguien que fuera dueño de una vivienda nada lujosa y un automóvil -algo que dista de vincularse con la riqueza- pasa a convertirse, automáticamente, en contribuyente.

La conclusión es simple: el Estado recauda a costa de los esfuerzos de los trabajadores de los sectores medios y medios bajos. En tanto, planea abonar sumas megamillonarias a los organismos trasnacionales y aumenta sin cesar el gasto público.

El costo de la recuperación no debe ser pagado por quienes ya han sufrido en demasía las consecuencias nefastas de la crisis y que, amén de sufrir la injustificable exacción mencionada, también soportan elevados impuestos al consumo. Es hora de corregir una injusticia que a esta altura ya adopta visos de intolerable. Sólo así podrá afirmarse que el trabajo, ese mismo que se intenta a toda costa recuperar en el país, es recompensado del modo que se merece.