Ruido, pirotecnia y autoridad

José Elmir (*)

Estimado lector, pretendo que usted reflexione conmigo respecto de una serie de hechos que, sin lugar a dudas, si se recomponen, serán de gran beneficio para todos. Por ello deseo que esto se transforme en una ambición suya también (y no tan sólo en una inocentada mía).

Nuestra ciudad por estos días, entre los festejos de fin de año y otras celebraciones, se ha transformado en un territorio de explosiones pirotécnicas con niveles sonoros de magnitud asombrosa. Parece, por momentos, estar en las calles de Irak, salvando la distancia trágica en sus orígenes y efectos. Por lo demás, hasta el horario diurno parece haberse convertido en propicio para estos sucesos, como si verdaderamente ocurriese una guerra (donde usted y yo perdemos mucho).

Una copiosa cantidad de tratados científicos sobre el ruido dan cuenta de lo peligroso que es su permanente propagación a niveles cada vez más elevados. Particularmente de aquellos que tienen un carácter similar al del "estampido" de los "truenos pirotécnicos" con que nos someten.

Algunos de los efectos nocivos son las taquicardias y otras arritmias del corazón, además de la pérdida temporal de la correcta audición. Y ni imaginar cómo sufren los canes cuyos oídos son más sensibles que el de los seres humanos. Cualquiera que tenga un perro sabrá perfectamente de qué hablo y muchos ya hicieron su provisión de calmantes (parece risa: los precavidos, además de "regalitos", compran las gotas calmantes para la prevista locura de sus mascotas). Estamos borrando las cosas con los codos.

Esto viene a cuenta de que nuestra ciudad se convirtió en una especie de avanzada cultural de la salud en cuanto a los beneficios del silencio, de la no contaminación sonora; ese gran enemigo moderno. Allá por 1972 desde la Secretaría de Salud Pública municipal se hizo sancionar el decreto-ordenanza 46.542/72 donde se estableció "científicamente el control y la represión de los ruidos", dividiéndolos a estos en innecesarios y excesivos.

Los innecesarios directamente no se toleran legalmente, entre ellos el ruido de la pirotecnia. Y los excesivos son aquellos que se producen en magnitud superior a la deseada para las actividades lícitas dentro del lapso que va desde las 22 a las 6 horas. Categorizándose en ámbitos relativos a sus destinatarios como el ámbito I, sanatorios, hospitales, internados; el II para las viviendas de tipo residencial (el saludable descanso reparador diario) y el III y IV con tolerancias algo superiores.

Esta norma dispone que el primer cumplidor sea el propio Estado en sus tres estamentos: municipal, provincial y nacional. Así de clarito como lo lee. No puede al vecino reventarle sus tímpanos. Imagínese la situación de quien debe vigilar su salud.

Pero resulta que desde los festejos del año 2000 con los artificios pirotécnicos, el primer transgresor es el Estado municipal con el intendente a la cabeza. Sea con motivo del Congreso de la Lengua, sea con la Fiesta de las Colectividades, etcétera.

Sin lugar a dudas el peor de los ejemplos del año fue la inauguración del Distrito Centro. Las explosiones frente al Sanatorio Británico se escuchaban nítidamente desde 27 de Febrero y Mitre. Determinaciones informales del ruido a más de cinco cuadras arrojaron picos superiores a los cien decibeles tipo A. Se produjeron así ruidos innecesarios (no tolerados por la norma) de valores cientos de veces superiores a los lícitos. Aclaremos que cada vez que se eleva la presión sonora en un decibel, el ruido materialmente escuchado se incrementa en un 33,33% de la magnitud anterior.

El intendente es ingeniero y nos podría auxiliar con el cálculo de cuántos cientos de veces se incrementó el ruido desde los 45 decibeles hasta los más de cien, para que esto no parezca una exageración. El ingeniero no es especialista en ruidos, sí en efectos de marketing de los mismos, pero aun estos son peligrosos. Un petardo no trae votos, es inseguro e insalubre. E ilegal.

Desconocemos si algún vecino del distrito centro sufrió taquicardias o episodios cardíacos, pero sí sabemos que se alteraron por las explosiones, tal como se escuchó en las radioemisoras rosarinas desde la mañana siguiente.

También en 1972 se sancionó una ordenanza prohibiendo la venta y "libre comercialización" de pirotecnia en el ámbito municipal de Rosario con el objeto de prevenir los graves problemas de salud por la "inexperta manipulación" de los explosivos y que, generalmente, termina produciendo severas lesiones y hasta discapacidades en las víctimas de estos artefactos.

Artefactos producidos, en muchos casos, sin ningún control o conocimiento de las autoridades competentes del Estado (Fabricaciones Militares, entre otros). Así, no sólo resulta una comercialización fiscalmente marginal, sino marginal de todo tipo de control, incluso el que se pretende efectuar desde la Municipalidad para impedir su venta.

Esta norma además complementaba inteligentemente a la ordenanza sobre ruidos, dotando de coherencia legislativa al Estado, cosa que es reclamada desde siempre en nuestro país por los ciudadanos a sus autoridades políticas.

Pero 33 años después, como vemos, es el propio Estado municipal en cabeza de su autoridad el primer transgresor a las normativas. Entonces nos preguntamos: ¿cómo pretenden tener autoridad moral el Estado y sus autoridades? ¿Cómo podrá perseguir los ruidos o la comercialización de pirotecnia consumida por los particulares?

La autoridad moral del Estado es la base del cumplimiento de las leyes y normas. Esto es de un carácter taxativo según lo dispuesto en la ley provincial 9.286/82 para los empleados municipales en el desempeño de sus actos de servicio y cuyo incumplimiento es sancionado con cesantías, exoneraciones y denuncias penales.

¿Entonces por qué el intendente y sus colaboradores se ponen en un escalón inferior al de sus subordinados? ¿Otra vez la típica chantada argentina "haz lo que digo y no lo que hago"? Vendría bien que el ingeniero leyera -si es que no lo hizo- un libro que fue escrito por el jurista de nota Carlos Nino. Se llama "Un país al margen de la ley", porque lo que hace el municipio conducido ahora y antes por el socialismo en este punto es lo que Nino cataloga como "la anomia de la vida institucional", que es la negación del Estado a cumplir con sus leyes, y de carácter nefasto para el sistema republicano en cuanto a la pretensión de consolidar la autoridad de los gobernantes.

Esto quizá le explique que sería más valioso tener conducta como gobernante frente a sus empleados y a los ciudadanos que hacer dispendiosas campañas de "propaganda" persiguiendo a los infractores, además de movilizar recursos que podrían tener un mejor fin que el ruido y el humo en que se dilapidan los dineros públicos.

Por ello le solicitaría al señor intendente que cese en la contravención a la ordenanza de ruidos y en el uso de pirotecnia innecesaria, que lo conduce a poner en un valor descomunal a las tasas, que de hecho se han transformado en impuestos, violentando la naturaleza de sus facultades, además de tornarse moral y materialmente cuestionables.

El intendente sabe que tiene la obligación moral y legal de gastar los recursos de la manera más eficiente y solidaria. Para ello es necesario que cese de hacer humo y ruido con la Municipalidad de Rosario; salvo que esto sea una estrategia para distraernos y en ese espacio nos mete un aumento de la tasa todos los fines de años, aprovechando que ahora tiene una mayoría automática.

Pero aún así debería recordar que el municipio de Rosario se comprometió ante la Organización Mundial de la Salud a cumplir con todos los requisitos para ser una ciudad con vida sana. De hecho el eslogan municipal de la gestión socialista fue, Rosario "la mejor ciudad para vivir". La mejor forma de vivir será sin lugar a dudas respetando la ley, cosa que hasta ahora no hace el municipio.

Y ojalá esta noticia no estalle como una bomba en el Palacio de los Leones, los únicos animales sordos de la ciudad.

(*) Ex concejal de Rosario