Los números de la causa Cromañón

La causa judicial por Cromañón se resume en números: 194 muertos, 1.300 heridos, 31 procesados, 1.000 querellantes, dos jueces (y pronto tres), 6 camaristas: 37.800 páginas de expediente acumuladas en 189 cuerpos reflejan desde una frialdad matemática la magnitud de la mayor tragedia de la

historia de la Justicia penal argentina.

Un año después de aquel episodio, el expediente está en la recta final del camino que conducirá, probablemente hacia fines de 2006, al juicio oral y público que deberá determinar quiénes fueron los responsables y, en tal caso, condenarlos a penas que pueden llegar hasta 26 años de prisión.

El juez subrogante Néstor Costabel, quien asumirá la investigación con la última campanada del 31 de diciembre, está llamado a ser el encargado de poner el punto final a una investigación que inició la noche del 30 de diciembre de 2004 la jueza María Angélica Crotto, hoy de licencia, reponiéndose satisfactoriamente de una grave enfermedad.

La investigación fue continuada durante casi diez meses por su colega Marcelo Lucini, en los hechos el factótum del desarrollo de la mayor parte del expediente.

El 16 de diciembre pasado, Lucini adoptó una decisión de relevancia en el caso: agravó la situación procesal de los integrantes de la banda de rock Callejeros, Diego Argañaraz, Patricio Fontanet, Christian Torrejón, Elio Delgado, Maximiliano Djerfy, Eduardoo Vázquez, Juan Carbone y Daniel Cardell, quienes desde ese día están imputados por “estrago doloso seguido de muerte”, un delito que contempla hasta 20 años de cárcel.

La figura, con todo, es levemente menos grave que la que pesa sobre el gerenciador de la discoteca, Omar Chabán, su mano derecha Raúl Villarreal, el ex comisario de la seccional séptima de la Policía Federal Gabriel Sevald, y su ex segundo, el subcomisario Carlos Díaz.

Sobre ellos pesa, además del estrago, la figura del cohecho -activo o pasivo, según el caso-, lo que en la sumatoria eleva el rango de pena hasta 25 años de prisión.

Los dos policías que aquella fatídica noche estaban en la puerta de la discoteca, Oscar Sosa y Cristian Villegas, están un escalón por debajo: estrago e incumplimiento de los deberes de funcionario público, esto es, un máximo de 22 años de cárcel.

El anterior comisario de la Séptima, Miguel Angel Belay, tiene una situación más aliviada, pues el cohecho pasivo lo pone en riesgo de seis años entre rejas.Paradójicamente, los ex funcionarios del gobierno porteño, objeto de las iras de los familiares de las víctimas, soportan una situación judicial más benigna, pues la Cámara del Crimen rebajó la acusación a “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, con lo cual si el juicio se demora hasta 2007 la imputación puede prescribir.

Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández, Gustavo Torres, son los únicos tres funcionarios procesados, y resta resolverse la sitaución de Juan Carlos López, debido a que la Sala Quinta de la Cámara del Crimen, integrada por María Laura Garrigós de Rébori, Gustavo Bruzzone y Rodolfo Pociello Argerich aún no se expidieron.

Esos jueces concedieron la libertad el 13 de mayo pasado a Omar Chabán, pero la Cámara de Casación, con las firmas de Angela Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Riggi, lo devolvió a prisión el 24 de noviembre.

En la causa también están procesados cuatro bomberos: Alberto Corbellini, Marcelo Nodar, Marcelo Esnok y Gustavo Bravo, y los empresarios Rubén Fuertes, Luis Perrota y Viviana Vigne, por “negociaciones incompatibles con la función pública” (hasta seis años de cárcel) por supuestas irregularidades en el sistema de habilitación de los locales nocturnos. (DYN)