Conmutaron penas a 130 presos sobre un total de 981 reclamos

Acortan las condenas por no más de seis meses y ninguno recupera la libertad. Los violadores, excluídos

El gobierno provincial concedió más de un centenar de conmutaciones de penas a reclusos alojados en los presidios santafesinos. Las autoridades definieron al beneficio como "restringido" ya que se redujeron condenas a 130 internos a pesar de que 981 personas privadas de libertad presentaron un pedido solicitando su inclusión en la medida. Del beneficio quedaron expresamente excluidos acusados de delitos sexuales o de hechos de corrupción.

El decreto fue firmado ayer a la mañana por el gobernador Jorge Obeid, tras un "análisis minucioso y preciso" del propio mandatario y de las autoridades del Ministerio de Gobierno, según dijeron desde ámbitos oficiales.

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, señaló a La Capital que ninguna de las personas beneficiadas recuperarán la libertad ya que son "pequeñas" conmutaciones que en ningún caso superan los seis meses. "Las reducciones de las penas oscilan entre un mes y los seis meses", explicó Rosúa.

El funcionario sostuvo que los parámetros para seleccionar a los reclusos que fueron favorecidos con el beneficio están vinculados con la "predisposición" (de los internos) para aceptar las normas de conducta del presidio y por la evolución del "tratamiento de resocialización". "Se evalúa si asiste a la escuela o su incorporación al trabajo dentro de la cárcel", explicó Rosúa.

El titular de la cartera política señaló que fueron excluidos de la medida los condenados por violaciones o por delitos vinculados con la administración pública. Para fundamentar el carácter limitado del beneficio, se indicó que sólo se incluyó un caso de conversión de una sentencia de reclusión perpetua a 25 años. Y el beneficiado es un hombre de 77 años, condenado por homicidio agravado por el vínculo.

El ministro señaló que, de las 981 solicitudes, 380 corresponden a reclusos de Coronda, 280 a internos detenidos en la cárcel de Las Flores y 321 a presos del presidio de Rosario, donde fueron conmutadas las penas de 22 personas.

El proceso que desemboca en el pedido de conmutación de penas es realizado en primera instancia por un equipo interdisciplinario que luego eleva su dictamen al director de la unidad penal en la cual el interno está alojado. Después ese informe es elevado al juez de ejecución de sentencia y finalmente es remitido al Ministerio de Gobierno para su análisis.

A fines del 2004, el gobierno provincial decidió no conceder conmutaciones de penas a raíz de la reacción popular adversa que produjo en mayo de ese año la divulgación de este beneficio en favor de Carlos Alberto Lovazzano, un bombero de Pérez que en 1997 fue condenado a prisión perpetua por haber asesinado a su esposa, su cuñada y la abuela de ambas.

La pena se le redujo a 25 años de prisión, pero la medida fue resistida por los vecinos de Pérez, quienes recogieron cinco mil firmas para que se dejara sin efecto la conmutación, medida que debió rever Obeid mediante un nuevo decreto que firmó el 20 de julio del 2004.

Coronda aloja a muchos beneficiados.