La causa por el cobro de sobresueldos sigue sumando imputados

Denuncian a ex funcionarios de Menem por enriquecimiento ilícito

Se trata de Jorge Rodríguez, ex jefe de Gabinete, y de Ricardo Díaz Luján, ex número dos de la Side

El ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez y el ex segundo de Hugo Anzorreguy en la Side, Ricardo Díaz Luján, fueron denunciados ayer por presunto enriquecimiento ilícito a partir de las pruebas reunidas por el juez federal Jorge Luis Ballestero en un proceso penal por el reparto de sobresueldos en el gobierno del ex presidente Carlos Menem.

Ballestero remitió ayer las pruebas contra los ex funcionarios a la Cámara Federal porteña, que el martes definirá, por sorteo, a qué juez corresponderá investigar la evolución patrimonial de Rodríguez -quien también fue ministro de Educación de la administración Menem- y de Díaz Luján, dijeron fuentes judiciales.

Las fuentes añadieron que, además, Ballestero promovió una investigación sobre los patrimonios de Enrique Kaplan -ex subsecretario de Relaciones Institucionales durante la gestión de María Julia Alsogaray como secretaria de Recursos Naturales- y de Jorge Ramos, quien fue colaborador de Eduardo Bauzá cuando éste se desempeñaba como jefe de Gabinete del gobierno de Carlos Menem.

La evidencia sobre el presunto origen ilegal del patrimonio de Rodríguez, Díaz Luján, Kaplan y Ramos surgió en el marco de la investigación por el pago de sobresueldos a funcionarios que operó en la administración Menem, al amparo de la ley secreta 18.302.

Alsogaray, quien al igual que Kaplan quedó presa en agosto del 2003 por presuntos hechos de corrupción, confesó haber cobrado sobresueldos y así intentó justificar parte de los ingresos que abultaron su patrimonio. No obstante, fue condenada por enriquecimiento ilícito.

También el ex ministro de Defensa Oscar Camilión confesó haber cobrado 30 mil dólares al mes como "plus" salarial y fue procesado por el juez Ballestero, quien ahora promovió investigaciones contra ex funcionarios que evidenciaron un injustificado crecimiento patrimonial y que, sin embargo, no declararon haberse beneficiado con la ley 18.302.

Sucede que el fiscal federal Paulo Starc reunió las declaraciones juradas patrimoniales de quienes ejercieron funciones públicas en el gobierno de Menem y habrían aumentado su patrimonio en forma notoria. En muchos casos, los funcionarios se aferraron a la ley secreta 18.302 para justificar ingresos y, en otros, no lo hicieron y por eso serán investigados ahora por enriquecimiento ilícito.