La comisión pidió el juicio político a Ibarra

Los legisladores porteños recomendaron iniciar el proceso por Cromañón. La Legislatura no tiene plazos

La comisión legislativa que investigó el caso Cromañón recomendó ayer que se inicie el juicio político al jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, por no haber ejercido el "poder de policía" en la habilitación y el control del local bailable República Cromañón, donde el 30 de diciembre de 2004 se produjo el trágico incendio que provocó la muerte de 193 personas.

Las conclusiones de la comisión, integrada por nueve legisladores opositores, deberán ser giradas a la Legislatura para que se ponga en marcha el mecanismo de análisis de la Sala Acusadora, que no tiene plazos para comenzar a trabajar sobre el caso ni para producir su dictamen.

La comisión, que leyó el dictamen en un salón de la Legislatura frente a un grupo de familiares de víctimas de la tragedia, encuadró las responsabilidades de Ibarra bajo la figura de "falta de servicios" a su cargo, que contribuyó al "desencadenamiento, la magnitud y las consecuencias del desastre" de Cromañón.

Poco antes de la lectura de las conclusiones, Ibarra desautorizó el dictamen al advertir que la comisión realizó "un simulacro de investigación" y definió que el pedido para enjuiciarlo tiene "una clara intencionalidad política".

El jefe de gobierno aludió de esa manera a la conformación final de la comisión que emitió el dictamen difundido ayer, integrada por representantes de los partidos de la oposición.

Los legisladores encuadraron la "falta de servicios" en "la suma objetiva de la ausencia de ejercicio del poder policial habilitante y la abstención de ejercicio del poder de policía de control".

Los integrantes de la comisión difundieron ayer las conclusiones del relevamiento sobre las responsabilidades de los agentes del gobierno porteño durante una presentación pública en el Salón San Martín de la Legislatura, en la que los nueve miembros se turnaron para leer los principales extractos.

La lectura se realizó con la presencia de varias decenas de familiares de las víctimas de Cromañón, con grandes carteles con las fotos y nombres de los chicos fallecidos como consecuencia de la tragedia.

La comisión original estaba conformada por 15 miembros, de los cuales sólo nueve permanecieron en el cuerpo ya que el resto -kirchneristas, socialistas y aliados-, renunció al advertir que se estaba actuando con "parcialidad", según dijeron.

De ese modo, la comisión que elaboró el dictamen quedó dominada por dirigentes de extracciones opositoras: los macristas Fernanda Ferrero, Gabriela Michetti, Martín Borreli, Alvaro González y Diego Santilli; Fernando Cantero (ARI), María Eugenia Estenssoro (Pural), Tomás Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre) y Milcíades Peña (Confluencia).

En su dictamen, los integrantes de la comisión definieron que existió una "desarticulación, caos e ineficacia de las infraestructuras técnicas y humanas" que dependen del gobierno porteño.

Señalaron que existen responsabilidades concurrentes por la "imprudencia parcial de asistentes al evento y la avaricia económica da actores, gestores y agentes privados" pero aclararon que ese dato "no puede ser determinante para diluir y exonerar las responsabilidades públicas".

Los legisladores cuestionaron que no se atendieran los "alertas institucionales previos a la tragedia" que definieron como una actitud "negligente"; cuestionaron la "ineficaz política para la prevención y la atención de la emergencia" y aseguraron que existió una "consciente política de reducción a la impotencia del área de inspecciones y controles".

La comisión también pidió que el enjuiciamiento de la síndica general de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante, por "falta de idoneidad funcional para el cargo", y la cesantía del coordinador del Consejo de Emergencia de la ciudad, el ucedeísta Julio Crespo Campos, por el "resultado nulo" de su gestión en el caso.

Sumó además un reclamo para que los funcionarios vinculados con las áreas de control que renunciaron a sus cargos no sean "considerados para ejercer" puestos de gestión.

Mencionaron en ese segmento al ex secretario de Justicia, Juan Carlos López; a los ex subsecretarios Marcelo Antuña (de Justicia) y Fabiana Fiszbin (Control Comunal); a los ex directores de Fiscalización, Gustavo Torres y de Defensa Civil, Víctor Capilouto; y a la auditora interna Adriana Rudnitzki.

Los legisladores de la comisión pidieron además una serie de medidas adicionales como la aplicación de sanciones más severas a los locales bailables que no cumplan con la normativa vigente, controles más estrictos en la habilitación de esos boliches y que la Auditoría porteña "inicie denuncias penales cada vez que se obstaculice su labor". (Télam)