No evacuarán el penal de la seccional 30ª

El juez que ordenó sacar a 24 presos de un lugar donde caben 4 dio marcha atrás porque los internos prefieren quedarse. Pero el problema no se resolvió: hay un dictamen para demoler esa edificación por su precariedad

El juez que había dispuesto la clausura y evacuación del penal de la comisaría 30ª dejó sin efecto la medida ante el pedido de los presos alojados allí, quienes prefieren permanecer en ese lugar antes que trasladarse a seccionales en condiciones aún peores que la del barrio Fonavi-Parquefield II. En una resolución firmada ayer, Edgardo Bistoletti dio marcha atrás con su intimación de desalojar el penal. Con esa decisión tomada, envió un oficio al jefe de la policía rosarina para que informe a la autoridad correspondiente que el lugar es inhabitable y que persiste el hacinamiento: 24 presos se amontonan en un húmedo espacio para 4 personas. Así, a una semana de la intervención judicial, todo volvió al punto de partida. Y las falencias de infraestructura por las que un arquitecto policial recomendó demoler el penal siguen intactas.

La decisión de Bistoletti se respalda en el pedido que el sábado le hicieron los mismos presos del penal de Superí 2483, cuando todo estaba listo para poner en marcha los traslados a otras dependencias policiales. Entonces los internos convocaron a la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) y, a través de un escrito, le manifestaron al juez que preferían quedarse en ese penal porque allí, aunque abarrotados, tienen garantizada la visita de sus familiares. Y porque el estado general de las otras celdas policiales no difiere en gran medida de las condiciones de la 30ª.

La clausura preventiva había sido dispuesta por el juez luego de recorrer las instalaciones junto a la fiscal Liliana Ditaranto, hace una semana. Entonces constató el deplorable estado del penal, con una población que sextuplica su capacidad. El magistrado fue al lugar tras una protesta de los presos que había ocurrido la noche del martes 12, cuando la mujer de un detenido se negó a abandonar el lugar tras la visita. En medio del reclamo, escapó de su celda el detenido Walter "Nene" Ferreyra.

Una de las razones que impulsaron a Bistoletti a disponer la clausura del penal, ahora suspendida, fue un informe del Departamento de Planificación y Arquitectura de la Jefatura de Policía rosarina donde se recomendaba cerrar el lugar "por razones de seguridad de los internos", que corrían riesgo en caso de permanecer bajo esa desgastada estructura. El estudio recomendaba directamente la demolición del penal.

En su resolución final el magistrado resaltó que la clausura preventiva tenía una "intencionalidad humanitaria" ante las "enormes deficiencias que posee ese penal, donde existe un notable hacinamiento de presos en un reducido espacio físico y condiciones infrahumanas", lo que no se modificó hasta ahora. Pero ante el pedido de los presos ayer Bistoletti decidió dejar sin efecto la clausura.

Así, una decisión fundada en el peligro que corren los internos en ese sitio fue socavada por una cuestión de contexto: el crítico estado de los otros penales policiales. "Ocurre que como la emergencia es permanente, se violan todas las garantías constitucionales en nombre de esa emergencia -opinó Antonio Tesolini, de la CTC-. El discurso de la inseguridad también lo marca: como hay emergencia no hay que respetar los derechos de los privados de la libertad. La emergencia es la base a partir de la cual se viola el Estado de Derecho".

El juez Bistoletti sostuvo en su escrito que está fuera de su alcance la posibilidad de implementar medidas para mejorar las condiciones de alojamiento de los reclusos. Por ello, envió una copia de su resolución al jefe de la Unidad Regional II de policía, José Maldonado, para que el Estado santafesino tome nota del estado de la 30ª. En esa nota, a la que adjuntó una fotocopia de la carta de los presos, sugiere la "toma de conocimiento o derivación al órgano estatal correspondiente".

Los reclusos seguirán hacinados allí.