Editorial:

Polémica por los residuos tóxicos

La polémica por el destino de 12 toneladas de DDT y otros químicos, todos elementos altamente contaminantes, dejó una vez más al descubierto la falta de una política de medio ambiente integral para todo el país. El problema se originó cuando el municipio de Córdoba lanzó un ultimátum al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) para que traslade estos plaguicidas que estaban almacenados desde hace 30 años en depósitos de esta ciudad.

Es que una organización ecologista había denunciado la irresponsable actitud de los funcionarios del Senasa ya que mantuvieron guardados estos elementos de una forma caótica, en envases rotos, lo que motivó que durante esas tres décadas el producto haya salido fuera del predio y contaminado a personas. Justamente, hace dos semanas una serie de análisis realizados por el Ministerio de Salud de Córdoba a 36 vecinos del depósito determinó que 28 de ellos tenían restos de plaguicidas en la sangre.

Ante esta situación, la primera medida que se tomó fue introducirlos en dos contenedores, de forma que, por un plazo corto, no seguirán contaminando el medio ambiente, aunque rápidamente deberían ser desechados químicamente -sin incinerarlos- y así neutralizarlos. En la Argentina no hay un lugar donde se utilice este método, por lo que habría que enviarlos a Europa, donde sí existen tecnologías apropiadas.

Pero mientras tanto el Senasa, al verse obligado a erradicarlos de la capital mediterránea, intentó trasladarlos a una planta de San Lorenzo, que según el organismo nacional está habilitada para recibir este tipo de materiales. Sin embargo, el gobierno de Santa Fe en una rápida y firme reacción decidió no permitir el paso de la carga ni su guarda transitoria en el territorio provincial. "A quienes quieran venir a tirar cualquier porquería a la provincia de Santa Fe los vamos a meter presos", advirtió el mandatario Jorge Obeid.

Finalmente, los desechos fueron llevados el lunes pasado a Bouwer, una pequeña localidad a unos 20 kilómetros de Córdoba. Allí permanecerán temporariamente por quince días, pese a la férrea oposición de sus habitantes, hasta que el Senasa encuentre un destino final para estos residuos tóxicos.

Este caso ha desnudado una vez más la inoperancia de ciertos organismos estatales en cuanto a la preservación del medio ambiente. ¿Cómo puede ser que durante 30 años el Senasa no haya tomado una decisión respecto a eliminar estos desechos sin contaminar el ecosistema? Y la polémica también dejó en claro que la falta de una política nacional sobre el tema deriva inevitablemente en un tironeo entre las distintas localidades, porque lógicamente ninguna quiere convivir con estos desechos contaminantes.