Desaparecidos. Las leyes de impunidad, cerca del fin

Una decisión de la Corte con sabor a respaldo en Rosario

Expectativa por la inminente inconstitucionalidad de las cuestionadas obediencia debida y punto final

Javier Felcaro / La Capital

Meses después de que el Congreso las derogara, la Corte Suprema de la Nación declarará el martes, de no surgir algún imprevisto, la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Se trata de una resolución que genera un horizonte de expectativas, a pesar de haber sido anticipada en el 2004 por jueces federales de Rosario y de la ciudad de Santa Fe, quienes decretaron su invalidez para profundizar causas clave que investigan la represión ilegal durante la dictadura militar.

En los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900 interpretan, según constató La Capital, que una resolución de la Corte en ese sentido "constituirá un verdadero espaldarazo; la confirmación de lo que se viene haciendo" en varios juzgados de primera instancia.

Desde comienzos del año pasado, y por decisión del ex juez federal Nº4 Omar Digerónimo, decenas de sindicados represores desfilaron por su despacho y fueron quedando detenidos tras la reapertura de la causa Feced, que engloba las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el sur santafesino.

El expediente permanece en manos del juez subrogante Carlos Vera Barros, al igual que las causas sobre el funcionamiento de los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y ex Fábrica Militar Domingo Matheu. Además, esta semana se reactivará la pesquisa de lo ocurrido en San Lorenzo durante los años de plomo.

Quienes recorren los pasillos de la vieja sede judicial sostienen que la inconstitucionalidad de las polémicas leyes de impunidad que firmarían siete de los nueve ministros no afectará a las investigaciones ("todo empezó con una resolución en ese sentido"), aunque sí trazará un nuevo panorama de estrategias para los querellantes y las defensas de los imputados.


Excarcelaciones
También habrá que tener en cuenta si la inminente decisión ejerce algún tipo de peso sobre la Cámara Federal de Apelaciones, blanco de reproches tras discutidas excarcelaciones ordenadas por el voto mayoritario de sus integrantes. "Aportaría cierta tranquilidad, porque si la Corte resuelve al revés, existe el riesgo de que lo actuado quede nulo", confiaron de cara al futuro.

La inconstitucionalidad por la que se pronunciarían Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggiano, Eugenio Zaffaroni, el rafaelino Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco les allanará el camino a los jueces para avanzar, según se estima, sobre unos 3.000 militares bajo sospecha.

Actualmente hay un centenar de militares (en actividad o no) detenidos por estas causas en todo el país. Muchos de ellos cumplen, por razones de edad, arresto domiciliario.