Riesgo de "tsunami" por los sobornos en Brasil

El partido de Lula quiere que el Congreso investigue también las denuncias de corrupción del anterior gobierno

Brasilia. - La comisión del Congreso brasileño para investigar las denuncias de corrupción en entidades estatales aún no comenzó sus labores pero ya amenazaba con convertirse en una caja de sorpresas ante peticiones de que extienda su trabajo a los ocho años de gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Congresales del Partido de los Trabajadores (PT), del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, plantearon extender las tareas de la comisión para incluir a los dos períodos del gobierno socialdemócrata de Cardoso (1995-2002), cuando también surgieron denuncias de compra de votos de parlamentarios.

La disputa trabó la sesión inaugural de la comisión y amenaza con continuar el martes, cuando intente elegir a sus autoridades. La comisión debe investigar irregularidades en el sistema postal y de seguros del gobierno, donde habría sido montada una red que favorecía la extorsión para recaudar fondos destinados a uno de los partidos de la coalición oficialista.

A principios de semana, el diputado Roberto Jefferson, del pequeño Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), lanzó una "bomba política" sobre el gobierno al denunciar que desde el PT, se sobornaba a parlamentarios con una mesada de 12.500 dólares desde hacía más de dos años.

Expandir la acción de la comisión a una década pondría en evidencia algunos episodios sórdidos de la política brasileña. Históricamente, la reelección presidencial en Brasil nunca tuvo apoyo legal y era prohibida por la Constitución. Pero tras el éxito de los primeros años de la administración de Cardoso, que había conseguido doblegar la inflación después de décadas de descontrol, la socialdemocracia se sintió entusiasmada y tentó la reelección.


Enmienda bajo la lupa
La iniciativa contaba con el respaldo de amplios sectores brasileños, también deseosos de dar continuidad a la acción anti-inflacionaria. Pero requería de una modificación constitucional.

En el Congreso, el PT, fundado por Lula, y las otras fuerzas de oposición se oponían tenazmente a la iniciativa. El gobierno, que era mayoría, consiguió aprobar la medida. Pero poco después dos diputados dijeron que habían "vendido" sus votos por 300.000 dólares. Los dos legisladores renunciaron a sus mandatos para evitar ser enjuiciados.

El PT intentó en vano formar una comisión que investigase cómo ocurrió la modificación constitucional. La comisión actual debe decidir aún quién la presidirá y quién será el relator. El PT procuró esta semana, sin éxito, apoderarse de los dos cargos, y la cuestión debe ser discutida el martes, cuando la comisión también deberá escuchar a Jefferson. Este hizo saber a parlamentarios de su partido que sus declaraciones en la comisión podrían tener el efecto de maremoto. Tendría unas 52 cintas grabadas que probarían su denuncia.

El principal implicado por Jefferson, el tesorero del partido de gobierno, ha negado las acusaciones de soborno. Pero la negativa perdería todo peso si Jefferson consigue probar sus denuncias.

El diario O Estado de Sao Paulo informó que el gobierno se dispondría a relevar de sus funciones al actual presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, en un esfuerzo por restablecer una imagen libre de toda sospecha. Meirelles ha sido acusado de remitir irregularmente moneda extranjera desde Brasil al exterior.