La Capital en Jujuy. Un caso testigo de una sociedad machista y patriarcal

El caso Romina Tejerina: La Justicia y las cuestiones de piel

Una fuerte condena social fue el antecedente de la sentencia judicial contra la joven que mató a su bebé

Miguel Pisano / La Capital

Fue por una cuestión de piel. Al margen de la polémica condena a 14 años de prisión por el neonaticidio que cometió Romina Tejerina, la chica jujeña de ahora 21 años que denunció haber sido violada por un vecino de 45 que fue sobreseído por un cuestionado juez, la idea de la sanción social sobre la joven quedó patentizada en la extraordinaria frase de María Cabrera de Moya, la asistente social que tiene la capacidad sobrenatural de ver en la epidermis los signos de una violación, como declaró, muy suelta de cuerpo, en su testimonio en contra de la condenada: "Yo me doy cuenta si una mujer fue violada por una cuestión de piel" (sic).

En realidad, una gran parte de la sociedad jujeña ya había condenado a Romina por un crimen tan espeluznante como inenarrable, el de su beba recién nacida. Pero se quedó con esa única foto de la mañana de sangre y locura del 23 de febrero de 2003, cuando intentó abortar en el baño de su casa en San Pedro, y dejó en un segundísimo plano la imagen del abuso sexual denunciado, que ni siquiera fue investigado por el impresentable juez Juárez, y no se ha enterado del contexto social y cultural en el que habría que mirar esta durísima historia de vida.

En verdad, a Romina la condenaron desde el mismo momento que vastos sectores sociales del norte argentino naturalizan la violencia sexual, el abuso y la doble moral como si fueran una situación dada de la realidad del paisaje cultural. "¿Sabés cuántas chinitas son violadas en las bailantas aquí en San Pedro?", preguntó un joven sanpedrino de clase media al visitante, con respecto a la repercusión del caso en los medios allende la Puna.

"¿Y a quién le ganó esa?", preguntó, sin sutileza, otro joven sanpedrino, cuando se enteró del caso. "Acá el hombre hace lo que quiere", aceptó, sin eufemismos, Chabela Argañaraz, una vecina del barrio Santa Rosa, que vive a la vuelta de la ex casa de Romina y de Pocho Vargas, al que defiende como varios vecinos.

Y aquí aparece uno de los puntos centrales de la polémica. Más allá del discutible intento de aborto de un embarazo no deseado, parece increíble que los propios vecinos defiendan a Pocho Vargas sin otorgarle a Romina al menos el beneficio de la duda que le conceden al muchacho por su simple condición de varón tentado por una pizpireta, como dice el tango. En rigor, a Romina la condenaron sin siquiera preguntarle, como la asistente social biónica María Cabrera de Moya, quien además vive a sólo tres casas de la del vecino sobreseído más por el DNI que por el ADN, prueba que no le hicieron.


La alcoholemia judicial
La aceptación de las condiciones extraordinarias de atenuación por parte del tribunal jujeño que le dio 14 años de prisión a Romina por homicidio calificado por el vínculo quizá sea el comienzo de otro extenso proceso judicial que concluya con la libertad de la chica de San Pedro, que denunció haber sido violada por un vecino, que estuvo detenido apenas 23 días y al que el cuestionado juez Juárez sobreseyó.

Pero como el país, Jujuy es un gran rompecabezas armado por sectores del poder que imponen sus condiciones de explotación, acentuadas por su situación de virtual feudo. El juez que sobreseyó a Eduardo Emilio Vargas es el mismo que cerró la causa por el presunto asesinato policial de los jóvenes militantes piqueteros Orlando Justiniano y Alejandro González, el 9 de mayo de 2000, en la ciudad de General Mosconi, en una causa defendida también por la abogada de Romina, Mariana Vargas.

"Justiniano y González iban en un vehículo desde un piquete de Mosconi a buscar unas cosas cuando fueron detenidos por la policía. El auto apareció en el pueblo jujeño de Yuto, volcado, y los cuerpos de los muchachos tenían marcas de esposas en las muñecas y había un par de esposas en el pasto. A ellos los vieron cuando los llevaban en una chata policial, pero como les dio un dosaje de alcohol de 0,1, Juárez cerró la causa como un accidente por ebriedad", abundó la abogada defensora.

Y este mismo juez Juárez llevó la causa por los crímenes de los militantes Ibáñez y Cuellar ocurridos durante la represión en Libertador General San Martín en 2001. "Pedí tres veces el expediente y la última vez me dijeron que ya estaba archivado", recuerda Vargas.

Empero, constituye un avance la reciente destitución del ex juez federal jujeño Echazú, quien mató a un joven remisero por conducir borracho su camioneta a contramano por una avenida de San Salvador. Lo que en el barrio llamaríamos "un tiro para el lado de la justicia".

Así anda la Justicia en una sociedad donde es natural que el hombre haga lo que quiera, como aceptan mansamente hasta una gran parte de las mujeres. En cada marcha por Romina aparece un grupo de mujeres militantes de distintos pueblos y ciudades jujeñas y salteñas, con carteles con fotos de chicas que fueron asesinadas a golpes por sus compañeros.

Son historias de vida y de muerte conmovedoras. Como el caso de Lila, Analía Milagros Medina, una chica de 22 años que habría sido asesinada a golpes por José Luis Bueno el 29 de enero de 2004 en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, según denuncia su familia. Pero eso no es todo: el bueno de José Luis sólo "duerme en la comisaría de Libertador General San Martín gracias a los oficios del fiscal Parenti y del propio juez Juárez, y cobra un plan como Jefe de Hogar" y, además, "amenazó con matar a su hija de dos años y con suicidarse", según denunciaron los familiares de la chica en la marcha por Romina del viernes.

En realidad, la violación y el neonaticidio que sufrió Romina Tejerina y su dispar tratamiento social y judicial puso en debate el sistema social, judicial y hasta cultural de vastos sectores de nuestro país, en el marco de una sociedad machista y patriarcal, que naturaliza, promueve y reproduce la violencia sexual e institucional hacia la mujer, los pobres y los marginados.

El tribunal reconoció "circunstancias extraordinarias de atenuación" en los cargos contra Romina.