Editorial

La renuncia de Belluscio

El alejamiento del magistrado permitirá al gobierno designar al

quinto juez de la Corte en dos años. La posibilidad de conformar su propia "mayoría automática" obliga a exigir al Ejecutivo máxima responsabilidad y espíritu profundamente democrático para garantizar transparencia e independencia del poder político de los elegidos



Cuando nadie lo esperaba, Augusto Belluscio presentó esta semana ante el Poder Ejecutivo su renuncia como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que ocupó durante más de dos décadas. Más allá de las explicaciones dadas por el juez, y de las distintas interpretaciones realizadas por los operadores judiciales y políticos en torno a la cuestión, lo cierto es que su alejamiento le dará ahora al gobierno la posibilidad de designar a un quinto integrante del máximo tribunal en apenas dos años, con lo cual la mayoría de los ministros de la Corte que quede conformada tras ese nombramiento habrán sido elegidos precisamente durante la gestión del presidente Néstor Kirchner.

   No se trata de un asunto menor, sobre todo si se tiene en cuenta que tanto los máximos responsables del gobierno como una buena parte de la sociedad argentina dedicó en los últimos años furibundas críticas a la denominada “mayoría automática” de la Corte, conformada en su momento por Carlos Saúl Menem. Como se sabe, esa mayoría permitió al ex presidente manejar casi a voluntad las decisiones del máximo tribunal, donde había colocado a sus amigos e incluso a un ex socio de su estudio jurídico riojano que durante años presidió el organismo judicial.

   Ahora es Kirchner el que contará con la posibilidad de designar a un quinto juez y configurar así una mayoría compuesta por magistrados nombrados durante su presidencia. Incluso hay que barajar seriamente la alternativa de que pronto se generen dos vacantes más si se consideran las situaciones de Carlos Fayt, sobre quien circulan rumores de una probable renuncia, y de Antonio Boggiano, quien tiene escasas posibilidades de evitar la destitución en el juicio político que le sustancia el Senado.

   Con ese panorama, cabe esperar del gobierno una actitud responsable, madura, amplia y profundamente democrática a la hora de elegir a los futuros jueces de la Corte, para evitar suspicacias y sobre todo la repetición de errores del pasado. Porque la independencia de los poderes, aunque a veces lo olviden los gobernantes, sigue siendo uno de los valores esenciales de la República.