Crisis en Brasil: Lula echó a directivos de empresas estatales acusados de corrupción

El presidente tomó la medida después del escándalo por sobornos en el Congreso que involucran a su partido

Brasilia. - El gobierno de Brasil, enfrentado a su peor crisis por una acusación de compra de votos en el Congreso que involucra al partido del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, anunció ayer que cambiará a los directivos de las empresas estatales en las que se denunció corrupción.

La medida es un paso de Lula para recuperar la iniciativa política, en una jornada en la que los mercados del país ampliaron sus pérdidas. Anoche, en la apertura de un Foro Mundial contra la Corrupción, el presidente aseguró que su gobierno seguirá despidiendo a todos los funcionarios involucrados en casos de corrupción, y señaló que llevará las investigaciones hasta las últimas consecuencias.

La crisis estalló el lunes, cuando el diputado Roberto Jefferson, del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que integra una alianza oficialista, afirmó que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula pagaba "remesas" de 30.000 reales (12.000 dólares) a legisladores de partidos aliados para que apoyaran las iniciativas del gobierno.

La denuncia de Jefferson, que causó en el gobierno de Lula el efecto de un puñetazo en la mandíbula, fue considerada una respuesta del legislador a acusaciones que lo vinculaban a supuestos cobros de dinero recaudado en empresas estatales comandadas por sus allegados.

En ese contexto, el presidente de la empresa estatal de correos, Joao Henrique de Almeida Sousa, y todos los directores de la compañía decidieron presentar ayer sus renuncias. Lula, según fuentes gubernamentales, también ordenó el reemplazo de los directivos del Instituto de Reaseguros de Brasil, otro de los entes en los que se denunció corrupción.

Ante el escándalo de las "remesas", el PT decidió ayer que apoyaría la instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), a la que siempre se había opuesto, para indagar las denuncias de corrupción en la empresa estatal de correos.

El gobierno brasileño también reconoció ayer tácitamente que tenía conocimiento de las denuncias por el pago de "mensualidades" a diputados. El ministro de Coordinación Política, Aldo Rebelo, admitió que Lula fue alertado por Jefferson de la existencia de pagos del PT en el Congreso, al mismo tiempo que afirmó que el mandatario ordenó investigar el caso en la Cámara de Diputados y que el entonces titular del cuerpo decidió archivarlo.

Previamente, el presidente del PT, José Genoino, había dicho que la denuncia carecía de fundamento, y el titular del bloque de senadores del PT, Aloizio Mercadante, había afirmado que Lula no sabía nada sobre las denuncias de Jefferson, un cercano aliado del gobierno. "Es preocupante la pérdida de sintonía entre los articuladores políticos del gobierno", opinó el analista Carlos Lopes, de la consultora Santa Fe Ideias.

Por su parte, el gobernador del estado de Goiás, Marconi Perillo, declaró que hace más de un año y medio comunicó personalmente al presidente Lula que diputados de su partido (el opositor socialdemócrata PSDB) habían recibido propuestas de una "mensualidad" de cerca de 14.000 dólares, más una bonificación de 400.000 dólares si se pasaban a uno de los partidos oficialistas.


Temblor en los mercados
Como resultado de la crisis política, los mercados financieros ampliaron ayer las pérdidas del lunes. La Bolsa de Valores de San Pablo registraba una caída del 1,64 por ciento y la moneda local, el real, se depreciaba a 2,466 unidades por dólar, frente a un cierre anterior de 2,450. "Está todo el mundo nervioso, con los reflectores apuntando a Brasilia", dijo Julio Cesar Vogeler, operador de la casa de bolsa Didier Levy.

El Congreso también está convulsionado por el escándalo. Los 54 diputados del Partido Liberal presentaron ayer al presidente de este cuerpo, Severino Cavalcanti, un pedido de casación del mandato de Jefferson. Los legisladores del Partido Liberal (PL) fueron mencionados junto a los del Partido Progresista (PP) como los receptores de las "remesas" de 12.000 dólares que denunció el lunes el diputado.

Por su parte, la oposición encabezada por el PSDB, que dirige el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, antecesor de Lula, dijo que no buscará el enjuiciamiento del mandatario, pero exigirá que el gobierno sea severo con quienes estuvieran tras el esquema denunciado.

Los analistas opinan que, salvo medidas drásticas, el gobierno no saldrá íntegro de la crisis. "El presidente tendría que dar un sacudón al árbol del gobierno, un golpe de ética que ponga en evidencia sus virtudes", dijo el profesor David Fleischer, de la Universidad Federal de Brasilia. Ese "choque ético" debería llevar a cortar decenas de miles de "cargos de confianza", designados por el partido de Lula. El sacudón podría implicar a todos los que están o han estado bajo sospechas de delinquir.

Las primeras denuncias contra el gobierno surgieron a principios del año pasado, cuando un ex asesor del Ministro de la Casa Civil José Dirceu fue filmado mientras gestionaba recursos para la campaña electoral del PT. Hace algunos meses, el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, fue acusado de operaciones cambiarias impropias cuando era ejecutivo de un banco privado.

Lula enfrenta el peor momento de su gobierno.