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 domingo, 05 de junio de 2005  
Santa Fe corrige datos de la Nación sobre un alza del delito provincial
Para Rosúa, la estadística de Política Criminal incluye ilícitos sobre los que la provincia no tiene control. Y mezcla casos de intención criminal con accidentales

El gobierno de Santa Fe aclaró un informe reciente de una repartición nacional según el cual el índice delictivo en la provincia aumentó un 4,21 por ciento en 2004 con respecto al año anterior. La objeción pasa porque, según la provincia, el criterio utilizado para construir ese registro es arbitrario y deficiente: suma hechos de naturaleza dolosa, que son aquellos que resultan de la intención de quien los comete, con otros que son culposos, es decir accidentales.

La importancia de la distinción es que para definir indicadores de la inseguridad no se pueden mezclar episodios de distinta naturaleza. Y en la estadística de la Dirección Nacional de Política Criminal, dicen desde la provincia, están sumados igualmente como delitos hechos tan dispares como un asesinato para asegurar un robo y un accidente de tránsito.

Según los números de Política Criminal, que La Capital publicó el lunes pasado, la tasa delictiva en Santa Fe subió un 4,29% entre 2003 y 2004 mientras en el nivel nacional el índice declinaba un 2.29% en el mismo lapso.

"Esa estadística está conceptualmente mal elaborada, tiene un defecto metodológico y en consecuencia lleva a conclusiones erradas", dijo el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa. "Por eso no sirve para elaborar metas en política criminal".

Rosúa plantea que hay varias cosas entreveradas en los datos de la Nación. Delitos con cuasi delitos, por un lado. Ilícitos de jurisdicción provincial con otros de jurisdicción federal, por otro. También hechos que tienen motivaciones criminales (dolosos) con otros que se originan en acciones como imprudencia (culposos) o causas sociales.

"Están mezclados por ejemplo robos por todo tipo, con delitos contra la fe pública, con hechos de tráfico de estupefacientes. Al mezclar todo se ignora un principio elemental, que plantea que para adoptar políticas públicas contra estos fenómenos es necesario hacer identificaciones de las distintas áreas del delito", señala el ministro.

La estadística publicada indica que en la provincia hubo en 2004 un incremento de lesiones culposas (2.057 más) con respecto a 2003 y también de homicidios culposos (cuatro más) en el mismo lapso. "Pero si a estos registros, que pueden provenir de accidentes de tránsito, se los incluye en un indicador global con delitos graves, como por ejemplo robo seguido de muerte, es claro que no tendremos un dato fiel que refleje el fenómeno del delito, porque estaremos sumando cosas muy distintas. Entonces puede parecer que hay más delito en Santa Fe que en la Nación cuando no es cierto".

Por otra parte, Rosúa sostuvo que en esa estadística se incluyen delitos vinculado con tráfico y comercialización de drogas, cuya resolución, a su criterio, depende de la esfera federal y no de la provincia. "La Justicia federal orienta, autoriza y fiscaliza los procedimientos en materia de estupefacientes, y en consecuencia la participación de la policía provincial es solamente como auxiliar de los jueces federales, sin iniciativa propia". La conclusión del ministro es que, de nuevo, el registro combina delitos cuya persecución corresponde a la provincia con otros que no. "Por consiguiente escapa a la provincia el control de ciertos delitos pero estos se le atribuyen a Santa Fe en la estadística", precisó.

El problema, se queja el ministro, es que la población exige a la provincia que resuelva algunos problemas como tráfico de drogas en los barrios. "Nos hacen responsables de controlar esos delitos pero nuestra policía no puede intervenir sin permiso de jueces de la Nación. Y pagamos los costos de la política federal sin poder ni orientarla ni cambiarla".

El fuerte reproche del gobierno provincial a la Nación es que su información criminal es deficiente e inútil a los fines de definir política para esa área. "Es distinta la acción para prevenir asaltos, arrebatos o casos de abigeato que para prevenir una muerte en el tránsito. No obstante, la estadística que coloca a la provincia con aumento del delito considera indiscriminadamente acciones sociales, como las derivadas del tránsito o hechos contra la tranquilidad pública como la acción de piqueteros, tal cual si fueran delitos graves", señala Rosúa. "Pero para proyectar política criminal hay que hacer una consideración desagregada de los delitos".
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