El aumento de precios del primer trimestre pone en debate el actual modelo

Inflación: los sospechosos de siempre

Lavagna culpa al salario y los economistas se dividen entre la explicación monetaria y la de la puja de ingresos

Sandra Cicare / La Capital

La inflación en la Argentina sumó un 4 por ciento en el primer trimestre del año y aunque empezaron a proliferar razones para explicarla -según el arco ideológico desde el cual se la miró- lo cierto es que en el principal afectado fue el bolsillo de los argentinos, especialmente el de la población de menores ingresos, con lo cual, el indicador contribuyó a acentuar la desigual distribución de los ingresos del país.

Esto es así porque en el desagregado de los componentes del Indice de Precios al Consumidor (IPC) comenzaron a pesar cada vez más los aumentos en alimentos y bebidas, un rubro que en el trimestre acumuló una suba del 5,2% y que conforman el grueso del consumo de la población de menores ingresos.

Por otra parte, si se compara la inflación con los ingresos, la ecuación sigue siendo negativa. "Hoy el salario se encuentra un 13% por debajo del poder adquisitivo del año 2001", señaló el economista de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y diputado nacional Claudio Lozano.

En ese lapso, los precios al consumidor acumularon una suba superior al 50 por ciento. "La inflación impacta de manera diversa de acuerdo con el nivel de ingreso", apunta Federico Morongiu, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en un trabajo sobre el tema.

Según el relevamiento de Cippec elaborado por Morongiu, el quintil de la población de menores ingresos gasta en alimentos y bebidas más del doble de lo que gasta el quintil más alto. "Por esto, un incremento de precios en alimentos tendrá un efecto mayor en el quintil de menores ingresos que en el de mayores", explican.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) señala que de los componentes del IPC la población más pobre consume casi el 47% en alimentos, un 16% en transporte y un 11% en vivienda y servicios. Esta proporción es tres veces menor en el segmento de mayores ingresos, que destina al consumo de alimentos y bebidas el 23% y en cambio dedica buena parte de sus gastos a esparcimiento, equipamientos del hogar, gastos de salud o educación.


El modelo en la encrucijada
Los datos, que de acuerdo al cristal con que se los mire tienen distintas explicaciones, marcan un punto de inflexión en la política económica de la Argentina.

Es más, con este nivel de inflación en la mano -que supera las previsiones oficiales para esta época- el gobierno deberá decidir el rumbo de la política económica y el modelo que privilegiará. En función ésto serán distintas las herramientas que utilizará, aunque todas dependerán desde dónde se haga el diagnóstico de la situación.

De hecho, no es lo mismo contraer la política monetaria o evitar incrementar los salarios para no generar inflación que disponer regulaciones a las empresas que monopolizan el mercado.

Aunque analizar las causas de la inflación está muy lejos de la mente de un argentino que no llega a llenar el changuito del súper con los ingresos que tiene y en el peor de los casos no le alcanza para cubrir todas sus necesidades básicas, en rigor, las medidas que puede tomar el gobierno en función de este diagnóstico sí impactarán en forma diferente en su bolsillo.

A priori, el gobierno dio algunas señales de cómo actuará para frenar la inflación, la mayoría de las cuales son de carácter ortodoxo y replican algunos modelos de la década del 90.

Así, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Martín Redrado, anunció que "el segundo trimestre va a ser contractivo sobre todo en materia fiscal", con lo cual la autoridad monetaria tratará de sacar circulante de la plaza, mediante emisión de Letras o menores intervenciones en el mercado.

También el funcionario reconoció que el gobierno debe ser "prudente y selectivo" con los aumentos de salarios para no exceder la pauta inflacionaria de 2005, que él reafirmó en el 8 por ciento aunque el ministro de Economía llegó a arriesgar una banda del entre el 7 y el 11%.

De este modo, Redrado se sumó a las advertencias que hizo Lavagna sobre el tema salarial, cuando llamó a no promover aumentos generalizados para evitar una espiral precios-salarios difícil de controlar y en cambio, se inclinó por la actualización en función de la productividad.

Algunas señales más heterodoxas las dio el gobierno a través del acuerdo de precios con los sectores productores como el de la carne, la leche y el del aceite.

"Me parece inteligente mantener estas dos líneas de trabajo, aunque en última instancia la más duradera es la política de prudencia del BCRA para reducir la emisión. El acuerdo de precios permite ganar tiempo, pero funciona por dos o tres meses", consideró el economista rosarino Eduardo Remolins y agregó que esta conjunción "permite un aterrizaje más suave".


La puja distributiva
Si se considera -como de hecho hoy lo está haciendo Lavagna- que las causas de la inflación hay que buscarlas por el lado de la demanda, esto es, hay mayor cantidad de dinero circulando y más capacidad de consumo frente a una oferta restringida por el alto uso de la capacidad instalada, las medidas contractivas del BCRA son la medicina que tiene el gobierno.

Sin embargo, para Lozano, la situación es muy diferente. "En Argentina no hay presión salarial, ni presión del tipo de cambio, ni tampoco por el lado de la demanda o las tasas de interés. Tampoco hay desborde monetario, con lo cual no debería haber remarcación de precios", dijo.

Con lo cual, a su juicio, a la cuestión hay que mirarla desde el lado de la oferta de bienes. "Los mercados que influyen en el comportamiento del índice de precios son el petróleo y los alimentos, dos sectores donde la Argentina es exportadora excedentaria y por lo tanto, se colocan productos a precio dólar en el mercado mundial y se desabastece el mercado interno".

En la misma sintonía se expresó el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Osvaldo Cornide, quien señaló que el trasfondo del problema inflacionario hay que buscarlo en la "puja distributiva", ya que existe "una concentración de la oferta" que hace que "un segmento minoritario de empresas se apropien de la mayor parte del crecimiento".

En este razonamiento, el empresario considera que los problemas están centrados en la "oferta de bienes y servicios" que es "concentrada y monopólica".

Un relevamiento publicado por el suplemento Cash muestra cómo la concentración de la oferta se da esencialmente en los productos más sensibles de la canasta básica, como los lácteos, la yerba mate, las gaseosas, el azúcar, los artículos de tocados, cosmética y perfumería y cigarrillos. Pero también en los insumos esenciales de las principales industrias como el acero, la industria del envase y el cemento.

"Lo que el ministro Lavagna sostiene es que los precios deben ser libres en una economía de competencia, pero eso acá no existe. En todo caso, lo que hay en la Argentina son mercados concentrados donde pocas empresas pueden fijar precios con independencia de su estructura de costos", explicó Lozano.

Con lo cual, a su juicio el problema se solucionaría con mecanismos de regulación por parte del gobierno "para que las empresas garanticen el abastecimiento a precio conveniente en el mercado interno como condición para exportar".

En tanto, Remolins considera que el problema está íntimamente vinculado con "la falta de capacidad de expansión de las empresas". De este modo, "o se producen más bienes o aumentan los actuales", dijo el economista.

A su juicio, primero propiciando la expansión de la inversión y la capacidad de producción se genera mayor productividad -"eso lo traen las inversiones"-, después se pueden aumentar salarios.

El economista adhirió a la estrategia de Lavagna en cuanto a la recomposición salarial en base a la productividad, para así evitar la inflación. "Los aumentos salariales se dan cuando un sector crece mucho y demanda mucha mano de obra, con lo cual baja el índice de desempleo y hay que pagar más para conseguir gente para trabajar", dijo Remolins.

Si bien reconoció que existen sectores oligopólicos que tienen mayor capacidad para fijar precios, "para que haya inflación el aumento debe ser una tendencia constante, como se está dando y segundo, que sea generalizado en la mayoría de los sectores". Estos índices demuestran que "los aumentos se dieron en todos los sectores y no sólo los más cartelizados", explicó.

Por eso, a su juicio introducir competencia sería el mejor camino o bien "llegar a acuerdos", como instrumentó el gobierno en el último tiempo en sectores más sensibles.

En cambio, Eduardo Francchia, de la Escuela de Dirección de Negocios de Universidad Austral, considera que "la contención en el gasto público puede ser una medida concreta de política pública tendiente a contener el alza de precios".

Para Cornide, éste es un diagnóstico y una solución erradas porque "enfrían la economía y le quitan vigor a la demanda.