Obreros desalojados piden que les restituyan sus máquinas

Pertenecen a una fábrica de piezas de caucho de Correa. Cuestionan la decisión de una jueza cañadense

Correa.- Los diecisiete trabajadores de la empresa Gomas del Litoral, que fueron desalojados del ámbito adonde trabajaban, una planta fabril ubicada a la vera de la ruta 9, consideraron a esa acción judicial como "una grave violación a sus derechos, debido a que se consideran los únicos propietarios de las máquinas y matrices con las que llevan adelante la producción de piezas de caucho".

Los conceptos fueron volcados en una denuncia elevada a la Corte Suprema de Justicia. En esa presentación, los obreros solicitaron "la urgente restitución del derecho de la propiedad de los bienes", al tiempo que cuestionaron la decisión de la jueza en lo Penal de Cañada de Gómez, Ana María Bardone, por considerarla "arbitraria".

"Cuando cesó toda actividad en la planta, en agosto del año pasado, los trabajadores concurrieron a la Secretaría de Trabajo y, tras hacer un reclamo por salarios adeudados, la presidenta del directorio de Industria Gomar, razón social anterior, Rosanna de Gasperi, ofreció máquinas como forma de pago porque no disponían de dinero", comentó a La Capital el abogado de los obreros, Eliseo Castellani.

El letrado explicó que "los obreros tienen la tenencia de las máquinas, pero no les permiten utilizarlas", por lo que considera esa situación como "una violación a los derechos de los trabajadores". En ese marco, cuestionó la determinación judicial "porque ha dejado a todos los obreros en la calle, mientras que antes percibían un salario por su trabajo".

El conflicto que llevó a los trabajadores a perder momentáneamente la fuente de trabajo lo desencadenó una orden de desalojo impartida por el juzgado en lo Penal de Cañada de Gómez ante una denuncia por usurpación del inmueble que fue presentada por los socios de Industria Gomar.

"Como consecuencia de la arbitraria decisión judicial los 17 trabajadores de la fábrica Gomas del Litoral nos encontramos sin trabajo, en la calle y subsistiendo de las donaciones que recibimos de la comuna de Correa", comentaron los obreros en diálogo con este diario.

Por su parte la actual titular de la empresa, María Rosa González, dijo que sus representantes legales iban a tener una reunión con los directivos del Banco Bisel, dueño de la propiedad, para que certifiquen por escrito el acuerdo verbal que supuestamente le dieron para que ocupase la planta y reiniciar la labor de producción.

"Esta empresa estaba trabajando correctamente con todos los papeles al día y sus empleados en condiciones. El daño del desalojo no sólo es hacia mi empresa sino también hacia los obreros que han tenido que pasar muchas necesidades", añadió.

Los trabajadores calificaron de "arbitrario" el accionar de la jueza.