Reflexiones

La batalla más difícil

Por Viviana Della Siega (*)

La primera de las Metas del Milenio -establecidas por las Naciones Unidas- llama a erradicar la extrema pobreza y el hambre para el año 2015. Algunas de las otras metas se hallan íntimamente ligadas a este objetivo, puesto que la pobreza impide el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, al ejercicio del derecho a una vida plena, libre para elegir y con posibilidades de desarrollo personal.

La pobreza extrema puede ser vista como un problema de índole cultural y/o económico pero esencialmente es político. Tiene una causal directa en la relación asimétrica entre las naciones ricas y las pobres o empobrecidas y, en el interior de cada país, en la desigual distribución de la riqueza.

Es por ello que, si bien la ayuda que las naciones desarrolladas puedan brindar a los países abrumados por índices de alto deterioro en el desarrollo humano es un reclamo justo y puede brindar soluciones, éstas sólo serán parciales en la medida en que no se modifiquen las causas profundas que dan origen a la extrema pobreza y al hambre.

Por otra parte, esa colaboración se impone si se quiere sostener el equilibrio mundial y no representa más que la devolución histórica al proceso de avasallamiento y drenaje de las riquezas naturales que, a partir del siglo XV, las potencias europeas ejercieron sobre los territorios colonizados.

Los subsidios agrícolas que las naciones de alto desarrollo otorgan actualmente a su producción en desmedro de los países cuyas mayores exportaciones radican en estos productos, las guerras y la polución del medio ambiente que devastan en especial a las naciones más empobrecidas, la imposición de reglas de libre comercio que se traducen en enormes beneficios para quienes tienen un amplio desarrollo y perjudican a los países de bajos recursos son algunas de las causas de la profundización de la brecha entre unos y otros y la extensión del hambre en el mundo.

Algunos organismos internacionales diseñados para ayudar a los países con problemas se han transformado en su peor pesadilla. El informe Meltzer, elaborado por el Congreso de los Estados Unidos, señala que "El FMI debería dar por cancelados en su totalidad sus reclamos contra todos los países pobres altamente endeudados que implementen una estrategia de desarrollo económico eficaz en conjunción con el Banco Mundial y las instituciones de desarrollo regional". Este Informe de la Comisión de Asesoramiento para las Instituciones Financieras Internacionales, elaborado por Allan H. Meltzer en el año 2000, advierte el cambio de objetivos que desde su creación ha sufrido el FMI, el cual se ha transformado, según su opinión, en un prestamista a largo plazo que impone demasiadas condiciones, muchas veces totalmente erróneas.


El caso argentino.
Argentina es un claro ejemplo de un país rico que hoy se encuentra empobrecido. Según un informe del Ministerio de Economía de la Nación, a fines de 1975 cada habitante debía al exterior u$s 320, cifra que treparía a 1.500 en 1983. Durante ese período se transitó por la dictadura más terrible de nuestra historia, el terrorismo de Estado se impuso mediante la desaparición de 30.000 personas, miles de muertos y detenidos/as por años. El objetivo fue instalar un modelo económico que hizo crecer la deuda externa en un 340%. Comenzó en esta etapa el gran endeudamiento argentino cuando las empresas privadas fueron alentadas a tomar créditos internacionales y concretamente, en 1980, se inicia el fenómeno de convertir la deuda internacional privada en deuda del Estado. Los titulares del 70% de esa deuda fueron 102 empresas transnacionales y 30 grupos económicos locales.

Recuperada la democracia, y ya convertida en "la mejor alumna del FMI", Argentina acrecienta su deuda en un 123% entre 1989/1999, es decir durante los diez años del gobierno de Carlos Menem que se caracterizó por la privatización de las empresas públicas, mayor concentración de la riqueza y la convertibilidad del peso al dólar con una apertura indiscriminada de importaciones que significó el cierre de muchísimas fábricas con el consecuente aumento del desempleo y la precarización de las condiciones laborales. Otros indicadores nos dan la pauta del deterioro creciente desde 1975. La distribución funcional del ingreso era en 1975 del 47,4% para los asalariados y del 52,6% para los perceptores de beneficios; al culminar la dictadura militar, en 1983, las cifras se transformaron en 30,7% y 69,3%, respectivamente. En el 2003 se había incrementado la inequidad con un porcentaje del 18,8% para los asalariados y 81,2% para los perceptores de beneficios.

Los gobiernos tienen herramientas para modificar la distribución de la riqueza. Una de ellas es el sistema impositivo. En la actualidad el principal ingreso por recaudación del Estado es el IVA, impuesto al consumo que pagan los consumidores y, en especial, los sectores más pobres, puesto que los comerciantes lo descargan en el producto y las grandes empresas en fundaciones u otros mecanismos. Por otro lado, mientras abundan impuestos directos e indirectos a las pequeñas y medianas empresas, existen exenciones incomprensibles a las transacciones financieras.

A su vez, falta una acción más enérgica contra la enorme evasión en los impuestos sociales (sistema previsional y obras sociales), con el agravante de que a los asalariados se les hacen los descuentos pero no se aportan efectivamente. El mismo Estado, con el pago de parte del salario en negro (conocido bajo el eufemismo de cifras no bonificables), escamotea estos aportes provocando así los déficits crónicos de las cajas de previsión y las obras sociales que, de esta manera, no pueden brindar un adecuado servicio a sus afiliados/as

En un reportaje realizado por Daniel Ulanovsky Sack y Regina Zappa al profesor emérito de la Universidad de Harvard, John Kenneth Galbraith, éste decía: "No hay economía de bienestar social sin un sistema impositivo firme. Los impuestos progresivos

-quien más gana, más paga- son la respuesta civilizada para la desigualdad de ingreso en el sistema de mercado. Y agregaba dos perlitas que deberían tener en consideración los políticos y economistas: "No debería ver (refiriéndose al FMI) el gasto social como la fuente principal de la inestabilidad fiscal"; "Los que atacan en forma genérica al Estado, y esto es particularmente así en los Estados Unidos, son aquellos que no quieren que haya ayuda para los pobres, aquellos que pueden pagar muchos servicios por sí mismos".

A pesar de los números expuestos, reitero que la erradicación de la pobreza es una cuestión política, porque su origen responde a decisiones políticas tomadas por los Estados y por organismos internacionales que regulan las relaciones entre ellos.

El tratamiento racional de las deudas externas de los países empobrecidos, una más justa relación comercial, la eliminación de los subsidios en los países ricos, un control de los oligopolios en el ámbito internacional, así como una política tributaria que grave la ganancia más que el consumo (motor de las economías locales), ingresos por encima de la canasta familiar, créditos a las pequeñas y medianas empresas que son las grandes generadoras de empleo, jornadas de trabajo que no superen las 8 horas para permitir el ingreso de más trabajadores/as, igual remuneración por igual trabajo a hombres y mujeres, cobertura previsional que aliente la jubilación a una edad adecuada para permitir incorporar a los/as jóvenes al ámbito laboral, seguros de desempleo dignos en lugar de los subsidios a jefes y jefas de hogar, enérgica lucha contra la evasión y el trabajo en negro, leyes y políticas para garantizar el ejercicio de los derechos sociales económicos y culturales que tengan en cuenta la perspectiva de género para ofrecer oportunidades equitativas a hombres y mujeres en el acceso al trabajo, el crédito y la vivienda, en el nivel nacional, resultan las mejores opciones para luchar contra la pobreza.

Si así se diera cada vez se necesitaría menos de la "ayuda" y se contribuiría a la dignidad de las personas y las naciones, convirtiendo las Metas del Milenio en un objetivo logrado.

(*) Integrante del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo