El Congreso colombiano no dará status político a los paramilitares

Duro revés para el gobierno de Alvaro Uribe, que buscaba con la iniciativa avanzar en el diálogo de paz

Bogotá. - El Congreso de Colombia, pese a la amenaza de los paramilitares de ultraderecha de romper la negociación de paz con el gobierno, les negó la condición política, que de haberse aprobado les hubiera permitido evadir la extradición y participar en elecciones populares. En el primero de ocho debates, el Congreso votó el lunes en contra de un artículo del proyecto de ley oficial Justicia y Paz que busca establecer el marco jurídico para la negociación de paz con los paramilitares y que pretendía elevar al paramilitarismo a la condición de delito político, del que goza la guerrilla izquierdista. La decisión representa un duro revés para el gobierno del presidente Alvaro Uribe. El polémico artículo era considerado como uno de los ejes principales del proyecto de ley que busca sentar las bases para que los 20.000 combatientes de los escuadrones paramilitares entreguen las armas y se reintegren a la vida civil antes de que finalice este año.

La decisión del Legislativo significa que los jefes y combatientes paramilitares, grupos armados ilegales que combaten a la guerrilla en medio del conflicto interno de más de cuatro décadas, tendrán un tratamiento de delincuentes comunes que les impide obtener beneficios como el asilo, la participación en política y evadir la extradición. Se trata del golpe más fuerte que ha recibido hasta el momento el proyecto de ley que presentó a consideración del Congreso el gobierno de Uribe.

En Colombia, los delitos políticos como sedición, rebelión y asonada, son indultables, pero lo más importante es que quienes hayan sido condenados por estos crímenes no pueden ser extraditados, un objetivo prioritario de los jefes paramilitares.

El senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, dijo que el artículo que se negó dejaba abiertas las puertas para que narcotraficantes se hicieran pasar por paramilitares y evadieran órdenes de captura con fines de extradición. "Les daba (el artículo) un blindaje político. ¿Qué presentación tiene para el Estado colombiano extraditar una persona con la cual se ha negociado?", explicó el legislador.

Pese a las alertas que dispararon legisladores y grupos de derechos humanos, el ministro del Interior, Sabas Pretelt, aseguró que el proyecto de ley no pretendía evitar la extradición de los paramilitares. La mayoría de jefes paramilitares están acusados de narcotráfico y solicitados en extradición por EEUU, el principal aliado de Colombia en la lucha contra las drogas y los ilegales grupos armados.

Otros jefes de esos escuadrones, acusados de cometer las peores violaciones a los derechos humanos y de contar con el apoyo de algunos sectores de las fuerzas armadas, temen que en el futuro la Corte Penal Internacional solicite su extradición por delitos de lesa humanidad en los que están implicados.

El domingo, el jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Ernesto Báez, amenazó con romper la negociación de paz con el gobierno al considerar que el proyecto de ley no entrega garantías jurídicas a los miembros de su organización. La amenaza desató una nueva crisis en la compleja negociación y de hacerse realidad el gobierno fracasaría en su intento por desarticular una temible maquinaria de guerra acusada de cometer las peores violaciones a los derechos humanos en el conflicto interno de más de cuatro décadas. Los "paras" reiteraron ayer que sus delitos son políticos porque el objetivo de su actividad ha sido sustituir al Estado en las regiones donde se encuentran los rebeldes.


Penas por narcotráfico
Legisladores también temían que los paramilitares lograran conseguir con el artículo negado que se considerara el narcotráfico como un delito conexo, lo que en la práctica les permitiría evadir responsabilidades. "Las personas que pertenecen a los grupos armados al margen de la ley van a ser juzgadas y condenadas por todos los delitos cometidos, llámese narcotráfico, secuestro o extorsión, si fueron cometidos durante su pertenencia al grupo y no tenían como objeto el enriquecimiento", explicó Pretelt. "Se les aplican las penas y por estar en un proceso de paz serio se les aplica la pena alternativa de entre cinco y ocho años", agregó el ministro.

La iniciativa, criticada por grupos de derechos humanos y la comunidad internacional que la consideran blanda, busca que los jefes y combatientes de los grupos armados ilegales admitan sus delitos, contribuyan a esclarecer crímenes y a indemnizar a las víctimas y a sus familias.

Los paramilitares nacieron hace dos décadas para combatir a las guerrillas izquierdistas, pero terminaron alimentado con más crímenes el conflicto armado de Colombia de 40 años.

Los "paras" suspenderían la movilización.